
Lo resolvió el Gobierno hasta el 28 de febrero con la intención de blindar el tratamiento de los proyectos en debate y sumar una nueva propuesta sobre el financiamiento universitario. El conflicto por el presupuesto universitario —que incluyó masivas movilizaciones y un veto presidencial— derivó en un frente judicial que el oficialismo intenta encauzar con una ley “implementable” y compatible con el superávit fiscal.

El anuncio reactivó cuestionamientos en ámbitos políticos y de defensa en Argentina sobre el potencial “uso dual” de parte de la información recolectada. El Consejo Federal Pesquero (CFP) de Argentina…
