El gobierno nacional introdujo este jueves cambios a la Ley Nacional de Turismo. Así quedó plasmado en el Decreto 216/2025 publicado en el Boletín Oficial.
La norma establece, la disolución del Comité Interministerial de Facilitación Turística y del Programa Nacional de Inversiones Turísticas, ambos creados por la Ley 25.997 y sus modificatorias.
Este ente tenía "la responsabilidad de coordinar y garantizar el cumplimiento de las funciones administrativas de las distintas entidades públicas de nivel nacional con competencias relacionadas y/o afines al turismo".
En tanto el programa apuntaba a "contemplar las inversiones de interés turístico a ser financiadas por el Estado Nacional". El Decreto argumenta que las obras públicas turísticas pueden ser desarrolladas por las jurisdicciones locales o la iniciativa privada, sin necesidad de financiamiento del Tesoro Nacional.
También se redefinen las funciones de la Secretaría de Turismo, para “evitar la distorsión del mercado turístico y enfocar la acción estatal en la promoción de la inversión y el desarrollo del sector", respetando las competencias provinciales y municipales.
La cartera ya no tendrá que elaborar "planes de inversiones y obras públicas turísticas", "fijar l tarifas y precios de los servicios que preste en todo lo referido al turismo social y recreativo en las unidades turísticas a su cargo", "fiscalizar y auditar los emprendimientos subvencionados por la Nación, así como los fondos invertidos, que cuenten con atractivos y/o productos turísticos".
Tampoco estará a cargo de:
Proponer reglamentaciones, consultando al Consejo Federal de Turismo y la Cámara Argentina de Turismo.
Coordinar, incentivar e impulsar la promoción turística a nivel nacional e internacional.
Controlar el cumplimiento de la reglamentación.
Gestionar la revisión de disposiciones que dificulten el desarrollo turístico.
Favorecer el intercambio turístico mediante acuerdos internacionales.
Preparar anualmente su plan de trabajos y presupuesto.
Administrar el Fondo Nacional de Turismo.
Fomentar la capacitación técnica y profesional a través de organismos provinciales y municipales.
En el decreto se invita a "las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar medidas de fomento, desarrollo, investigación, promoción, difusión, preservación y control en la parte de su competencia, de la actividad turística en todo el territorio de la República Argentina, otorgando beneficios impositivos, tributarios y crediticios similares a los de la actividad industrial".
