"La defensa no ha demostrado que, ni se advierte que la privación de la libertad en un establecimiento carcelario no supone, por sí misma, un menoscabo de la vida o la integridad de Fernández", fundamentaron los fiscales en el dictamen elevado este martes al Tribunal.
“No se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”, agregaron los fiscales
Sobre la edad que supera los 70 años los fiscales explicaron que la ley no otorga el beneficio de la prisión domiciliaria automáticamente sino como posibilidad: “La ejecución de la pena bajo el régimen domiciliario, en primer lugar, constituye una excepción al cumplimiento de la pena privativa de libertad en prisión. En segundo lugar, no debe ser admitida automáticamente por la mera circunstancia de que la persona condenada se encuentre comprendida dentro de los supuestos previstos”.
En caso de que sí se le otorgue la prisión domiciliaria los fiscales aclararon que esta “debe sujetarse a estrictas normas de control y seguimiento” y agregaron que “en especial, se deberán establecer pautas series y concretas para garantizar el control efectivo del cumplimiento de la pena y la seguridad de la peticionante”.
