Según reveló la AGN, el Banco Central se negó a entregar la documentación solicitada, impidiendo conocer dónde se encuentran los lingotes, bajo qué condiciones se conservan o si parte del oro fue convertido en activos líquidos. La respuesta oficial fue que esos datos están protegidos por “confidencialidad operativa”, lo que a juicio de los auditores viola la ley de administración financiera que obliga a todos los entes del Estado a colaborar con los órganos de control.
El Banco Central reconoció meses atrás haber trasladado parte de las reservas en oro “entre distintas cuentas en el exterior”, aunque nunca precisó el monto ni el destino. Los datos oficiales estimaban entonces un valor cercano a USD 4.981 millones en reservas auríferas, pero la falta de transparencia alimentó las sospechas sobre la gestión.
Trascendidos mencionan la posibilidad de que una parte haya sido liquidada o transformada en instrumentos financieros.
La negativa del Banco Central derivó en un conflicto institucional con la AGN, que podría recurrir a la Justicia por incumplimiento de sus facultades legales. También se evalúa que la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas del Congreso convoque a Bausili para que brinde explicaciones formales.
La investigación busca esclarecer qué ocurrió con las 37 toneladas de oro que fueron enviadas a Londres hace poco más de un año.
El organismo también enfrenta trabas para auditar el préstamo REPO que la entidad monetaria firmó con bancos internacionales, respaldado por los bonos BOPREAL, emitidos para cancelar deudas con importadores por cerca de US$ 5.000 millones. Según Olmos, tampoco allí hubo colaboración plena. “Queremos saber a qué tasas se pactó el préstamo y qué comisiones se pagan, pero el BCRA nos dice que son actas secretas”, sostuvo. Ese REPO fue presentado como una de las operaciones financieras más importantes del año para reforzar reservas, pero los términos aún no fueron revelados.
