En diálogo con Radio Provincia, el Dr. Jorge Pintos abordó el proceso que enfrenta el juez Andrés Leonelli por la supuesta tenencia de imágenes con contenido sexual infantil. El abogado criticó los fundamentos del defensor Gustavo Ariznavarreta, advirtió sobre incompatibilidades legales del mismo y reclamó la intervención del Colegio de Abogados y la Justicia provincial para garantizar transparencia y aplicar sumarios o jury cuando corresponda.
En primer término, el Dr. Jorge Pintos expresó su sorpresa respecto al curso de la causa que involucra al juez Andrés Leonelli «estoy al tanto en base a las noticias que salen, porque no intervengo en la causa, pero en su momento hice un comentario a través de Facebook porque me sorprendió lo que se exponía públicamente sobre el tema», aclaró.
En esa línea, consideró que era necesario intervenir públicamente cuando hay causas vinculadas a cibercriminalidad, ya que la prueba debe ser tratada con extremo cuidado «no tengo dudas de que estoy sorprendido por todas las derivaciones que están surgiendo y que bien están exponiendo periodistas como ustedes y otros medios, lo cual lleva a una honda preocupación sobre cómo se está manejando el Poder Judicial de Tierra del Fuego», puntualizó.
Seguidamente, criticó con firmeza los argumentos del abogado defensor Gustavo Ariznabarreta «él mismo reconoce que su cliente tenía material de contenido sexual. Aun siendo juez, no puede tener material sensible de contenido sexual en su computadora personal», advirtió y consideró urgente la intervención del Colegio de Abogados de Ushuaia.
«El doctor Ariznavarreta, habiendo sido jefe de los defensores de la Justicia fueguina, no podría actuar en causas penales si no pasaron cuatro años desde su jubilación», remarcó, advirtiendo que podría estar legalmente impedido de ejercer en esta causa.
Asimismo, el Dr. Pintos se refirió directamente a la interpretación del artículo 128 del Código Penal «no se puede interpretar la ley como uno quiere, los límites los marca la jurisprudencia y la doctrina. El Código dice que el que a sabiendas tuviera imágenes de este tipo es punible, no importa el origen ni cómo fueron obtenidas, importa que sepa lo que está guardando y si las guarda, es responsable penalmente». Además, mencionó que la denuncia surgió en abril de 2025, por lo que «significa que desde 2018 hasta 2025 el juez siguió teniendo esas imágenes, lo cual está claramente penado».
Por otro lado, el letrado profundizó sobre las relaciones entre magistrados implicados «es mucho más grave lo que pasó después, con la resolución de la Cámara. Hoy está publicado que los camaristas son socios de Leonelli en negocios inmobiliarios. Son socios de un fideicomiso que construye un edificio de siete pisos en pleno centro de Ushuaia», y cuestionó con dureza «¿De dónde salió la plata para comprar un terreno que solo debe valer más de un millón de dólares?». En su opinión, el juez Fernández debió excusarse de intervenir en la Cámara «es socio directo de Leonelli y no podía fallar en su favor. Eso amerita un jury», afirmó.
Por último, el abogado fue más allá al advertir posibles omisiones institucionales «si Google detectó que desde una IP del Poder Judicial se subieron imágenes con contenido sexual de menores y alertó al Superior Tribunal, entonces debieron iniciar una investigación formal. Y si no lo hicieron, el doctor Pachtman también debe ser investigado», señaló, y cuestionó el argumento para impedir la apertura del celular de Leonelli «el peritaje se hace con una herramienta forense que copia bit a bit. El operador no ve nada. No hay violación de la intimidad. Decir lo contrario es falso», concluyó.
