María José Pazos habló con AIRE LIBRE FM sobre una concentración y marcha que se hará este lunes a las 15 en San Martín 1431, frente a los bloques legislativos. “Nos reunimos personas con discapacidad y familias para expresar nuestra preocupación por la situación nacional y provincial que está atravesando el colectivo de discapacidad”, manifestó. Algunas de las consignas son: No al veto, No a la fuga de profesionales, Aumento del nomenclador y un Incremento de las pensiones RUPE, entre otros reclamos.
Majo pazos comenzó señalando que “estamos viviendo una situación, las personas con discapacidad y sus familias, de mucha angustia. Ya pasa más allá del malestar, la angustia de no poder seguir cubriendo terapias, la angustia de no llegar a cubrir los tratamientos médicos, por la falta de profesionales, lo difícil que está acceder a los medicamentos, porque la provincia no está cumpliendo con la ley nacional 24.901, que es la ley de prestaciones básicas en discapacidad. No sólo el incumplimiento hacia los beneficiarios RUPE, que son los del Régimen Único de Pensiones Especiales de la provincia, sino también las más de 4.000 personas que tenemos con certificado de discapacidad, que es el conocido CUD en nuestra provincia, que tienen muy limitado el acceso a lo que esa ley garantiza, esa ley nacional 24.901, a la que adhirió TDF hace ya bastantes años, y no se están cumpliendo las prestaciones y los servicios básicos, han recortado la cobertura en pañales, la verdad es muy crítica la situación”.
Con respecto al tema del nomenclador en todo el país, están los reclamos para que se actualicen…
“Es así, por eso a nivel nacional vimos que hace un par de semanas se votó tanto en diputados como en el Senado una ley de emergencia en discapacidad, que el fin de semana pasado nos enteramos que el lunes iba a salir un veto de parte de Presidencia de la Nación contra esa ley que se votó en el Congreso, y bueno, hubo una manifestación en Buenos Aires, un hecho inédito, fue reprimida por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, por las Fuerzas de Seguridad Nacionales, esa manifestación frente al Congreso de la Nación, imagínense personas con distintos tipos de discapacidades en silla de ruedas, chicos con trastorno del espectro autista, bueno, personas con determinadas limitaciones, y la Policía tiró, el Estado, ¿no?, tiró todo su aparato represivo encima de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Y la verdad es que si no podemos ver a las personas que quizás sean aquellas que más presencia del Estado necesitan como un ser humano, hemos perdido, hemos perdido como sociedad básicamente, hemos perdido el norte, así que es por eso que nos reunimos el jueves y decidimos por unanimidad manifestarnos este lunes en apoyo a lo que es el reclamo a nivel nacional, pero también para expresar toda esta situación y manifestar toda esta situación por la que estamos pasando, porque bueno, hemos mandado notas y hemos tratado de comunicarnos con distintos legisladores de la provincia o funcionarios del Estado provincial y no hemos recibido respuestas al momento”.
¿Ustedes se presentan este lunes en la legislatura, esperan ser recibidos obviamente por legisladores y les van a pedir que en alguna sesión ellos se expresen, o que saquen algún proyecto?
“Nosotros lo que necesitamos es un pedido de informe, que ya lo han presentado ese pedido de informe distintos legisladores, información del Ejecutivo de cuántas pensiones RUPE está pagando, cuál es el monto, cómo se determina el monto de la pensión RUPEP, qué cobertura están haciendo de las prestaciones, por qué no se aumenta el nomenclador a nivel provincial. Tenemos muchas cuestiones que ya se le han preguntado, se le ha solicitado información al Ejecutivo provincial y no respondieron. No sólo no responden a las organizaciones, sino que no responden tampoco a los legisladores, que según nuestra constitución, por lo menos la que está vigente, siguen siendo los representantes del pueblo”.
En Tierra del Fuego, ¿cuánto se paga en el nomenclador?
“Para que usted se dé una idea, una persona que tiene un título terciario, como un acompañante terapéutico, cobra alrededor de 5.300 pesos la hora de trabajo. No sé cuál será la escala salarial de las personas que trabajan en casa de familia, las llamadas empleadas domésticas, pero considerando las obligaciones con las que tiene que cumplir un profesional o un terapeuta, ya sea un acompañante terapéutico, un quinesiólogo, una enfermera que hace el trabajo a domicilio, acá en Ushuaia la hora de planchado de limpieza no baja de 8.000, 8.500 pesos, entonces realmente nos parece un destrato hacia los profesionales y una burla hacia las familias, que somos las que costeamos el 60% del tratamiento, aquellos que podemos acceder a pagar de nuestro bolsillo el tratamiento de nuestros hijos y lamentablemente muchos que se quedan sin ese tratamiento, sin ese acceso a un tratamiento, porque las familias no pueden costearlo económicamente. Entonces nosotros lo que le venimos diciendo hace mucho tiempo a la provincia es que pasamos de tener una ley de vanguardia, como fue la ley 48 y la ley 389 en su momento, a tener personas con discapacidad, ciudadanos de Tierra del Fuego con discapacidad de primera y ciudadanos de segunda.
¿Ustedes tienen algún tipo de temor que estos recortes y este avance que hace el Estado Nacional sobre los derechos de las personas, en este caso con discapacidad y sus familias, también ese avance puede existir en Tierra del Fuego, teniendo en cuenta el ajuste que se tiene que hacer?
“Lo estamos viviendo, tenemos una responsable de la obra social de la provincia que administra como quiere los fondos y lo están haciendo porque lo están ejecutando hace muchísimo tiempo, el año pasado, con la excusa de que habría en el centro provincial de rehabilitación un edificio hermoso, moderno, accesible, hasta casi lujoso, diría en comparación con el estado en el que se encuentra nuestro hospital regional, pero lamentablemente no llegan a cubrir con los profesionales todos los servicios que prometieron brindar. Habemos familias que hace más de un año que estamos en lista de espera para poder acceder a un tratamiento y nos cortaron el tratamiento con el único prestador privado que había en la ciudad, a despensa de que nos iban a cubrir el tratamiento en el centro de rehabilitación y hasta el día de hoy no han cumplido con muchas familias esa promesa. Lo están haciendo en el recorte de la cobertura de pañales, lo están haciendo con las medicaciones de alto costo, estamos hablando de personas trasplantadas, estamos hablando de discapacidades muy severas, estamos hablando de internaciones domiciliarias, hay un caso en Río Grande que es bastante conocido de un joven que está con una internación domiciliaria y sus padres piden por favor, porque hace desde el mes de abril que no les pagan a las cuidadoras y a las enfermeras, digamos esta situación está sucediendo. Nosotros lo que hacemos es sacarlo a la calle para poder visibilizar de que no podemos más, de que las familias ejercemos 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año las tareas de cuidado de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros familiares con discapacidad y el Estado no nos garantiza derechos básicos como acceso a salud, educación, trabajo, vivienda y vida digna”, completó.
