Se trata de la violenta agresión al interno “Dientón” Alvarez por parte del recluso Maximiliano Paulo Perpetto quien fue notificado de derechos y garantías por la Justicia, a días del agotamiento de su condena de 4 años.
A varios días de lo ocurrido el pasado jueves por la noche el Servicio Penitenciario Provincial emitió un comunicado oficial:
“En relación con la situación del interno David Álvarez, se informa que, posterior al cierre de los pabellones, durante la noche aproximadamente siendo las 00.30 hs, el interno de marras manifestó tener un dolor abdominal, por lo que se dispuso su traslado al Hospital Regional Río Grande para su evaluación y atención médica. Posteriormente, se tomó conocimiento de que permanecía internado en el sector de Terapia Intensiva. En consecuencia, se requirió a la institución hospitalaria la remisión de partes médicos actualizados, a fin de contar con información oficial respecto de su evolución clínica”.
“De manera paralela, y en el marco de las actuaciones relacionadas con los hechos, se dio intervención a las autoridades judiciales competentes y se llevaron adelante las diligencias correspondientes, incluidas medidas de requisa y otras actuaciones sujetas a la investigación en curso”.
“Asimismo, respecto de un procedimiento efectuado el día 9 de octubre de 2026 en el Pabellón B, se informa que se procedió al secuestro de un aparato celular. Posteriormente, personal de la División Delitos Complejos de Río Grande se hizo presente en la dependencia para efectuar las notificaciones procesales correspondientes y concretar las diligencias dispuestas en el marco de la investigación”.
“Por otra parte, se deja constancia de que, en relación con actuaciones vinculadas a otro interno, se hizo presente un médico forense con el objeto de constatar la existencia de posibles lesiones, conforme a los procedimientos pertinentes”, señaló respecto de la revisión al recluso Perpetto imputado en el hecho.
“El Servicio Penitenciario Provincial ha dado intervención a las autoridades correspondientes y continúa colaborando con los requerimientos que se formulen, en el marco de sus competencias y con pleno respeto por las disposiciones legales vigentes”.
“Esta Institución reafirma que la atención sanitaria de las personas privadas de la libertad, el resguardo de su integridad física y el cumplimiento de las garantías legales constituyen obligaciones permanentes e irrenunciables. Del mismo modo, sostiene su compromiso con la transparencia institucional, el cumplimiento de los protocolos de actuación y la colaboración con la Justicia para el esclarecimiento de los hechos”, agregó.
“Por razones de confidencialidad y a fin de no interferir en las actuaciones judiciales en curso, no se brindarán detalles que puedan comprometer la investigación ni se emitirán conclusiones anticipadas sobre circunstancias que deberán ser determinadas por las autoridades competentes”, concluyó.
