El texto oficial propone modificaciones sustanciales al Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639), bajo el argumento de eliminar controversias interpretativas que, según el Gobierno, han generado inseguridad jurídica y obstaculizado el desarrollo económico del país.
La iniciativa cuenta con el impulso del gobierno de Javier Milei y se inscribe en una agenda que busca facilitar inversiones en sectores como la minería y el litio. Desde el oficialismo aseguran que el objetivo es ordenar competencias entre Nación y provincias y dar mayor previsibilidad a los proyectos productivos.
El proyecto busca redefinir el alcance de la protección sobre el ambiente periglaciar, es decir, las áreas que rodean a los glaciares y que cumplen un rol clave en la regulación y almacenamiento de agua. La ley vigente protege tanto el hielo como su entorno inmediato bajo el principio de prevención ambiental.
La modificación buscaría acotar esa definición y dar mayor margen a las provincias para determinar qué superficies quedan alcanzadas por las restricciones. Para sectores ambientalistas y especialistas en derecho ambiental, esto podría traducirse en una flexibilización que habilite actividades productivas en zonas de alta fragilidad ecológica.
Los gobernadores de Salta, Jujuy, Catamarca, Mendoza y San Juan se manifestaron a favor de avanzar con cambios en la ley. Se trata de provincias con fuerte desarrollo minero que ven en la reforma una posibilidad de fortalecer su autonomía en la administración de los recursos naturales y atraer inversiones.
La reforma impulsada por el Poder Ejecutivo no deroga la Ley de Glaciares, pero modifica artículos centrales que alteran su espíritu original. La ley original protegía de manera integral todos los glaciares y ambientes periglaciares hasta que se demostrara lo contrario, la modificación propone que solo queden alcanzados aquellos que cumplan funciones hídricas específicas verificadas. Esto reduce el universo de protección y deja zonas sensibles expuestas mientras se discute si “merecen” ser protegidas.
Los glaciares argentinos alimentan 39 cuencas hidrográficas y se distribuyen a lo largo de 3.500 kilómetros de la cordillera de los Andes, en 12 provincias. El Inventario Nacional de Glaciares, realizado por el IANIGLA, identifica 16.968 cuerpos glaciares con una superficie total estimada de 8.484 km². Más del 36% de la superficie continental argentina se encuentra en cuencas alimentadas por el deshielo glaciar, lo que subraya la dependencia de las comunidades y la producción respecto a estos reservorios.
Desde el punto de vista ecológico, los glaciares y el ambiente periglaciar sostienen una biodiversidad altamente especializada. Ambientes como humedales altoandinos, vegas y turberas dependen del aporte hídrico del deshielo. Un informe de la Fundación Vida Silvestre Argentina junto a otras organizaciones señala que más de la mitad de las especies de vertebrados del país viven en regiones relacionadas con el agua glaciar y que una proporción aún mayor de las especies amenazadas depende de estos sistemas.
El retroceso de los glaciares argentinos es un fenómeno confirmado por la evidencia científica. El glaciar Perito Moreno, en la Patagonia, perdió 800 metros de frente entre 2020 y 2024, según un estudio en el que participaron científicos del CONICET.
