Con 43 votos afirmativos y 26 negativos, el oficialismo aprobó en la Cámara de Senadores la Ley de Principio de Inocencia Fiscal. Esta norma pasa a manos del Ejecutivo para ser promulgada
Entre los ejes centrales se incluye la creación de un Régimen Simplificado de Ganancias. Según el Gobierno, quienes se incorporen a este esquema contarán con un marco de estabilidad que les permitirá operar sin revisiones permanentes sobre su situación patrimonial.
El régimen establece un tope de adhesión de hasta 10.000 millones de pesos en patrimonio y elimina la obligación de informar variaciones patrimoniales o justificar consumos. En ese esquema, ARCA liquidará el impuesto a las Ganancias únicamente sobre los ingresos declarados, sin considerar el crecimiento del patrimonio, y aplicará las deducciones correspondientes según los gastos informados.
El artículo 39 del proyecto incorpora el denominado “efecto liberatorio del pago”: si el contribuyente acepta la declaración jurada propuesta por ARCA y cancela el monto correspondiente en tiempo y forma, quedará liberado de sanciones, salvo que se compruebe la omisión de ingresos.
También eleva de manera significativa los umbrales penales. Para que una conducta sea considerada evasión simple, el monto mínimo pasa de 1,5 millones a 100 millones de pesos. En el caso de la evasión agravada, el piso se fija en más de 1.000 millones de pesos.
Además, el proyecto reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años. En ese marco, ARCA no impulsará acciones penales si el contribuyente regulariza su situación y cancela la deuda con intereses, un beneficio que podrá utilizarse una sola vez por persona.
Cuando la denuncia aún no haya sido presentada, la acción quedará extinguida si el contribuyente regulariza su situación y paga la deuda con un recargo adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación de la imputación.
Aunque la iniciativa propone flexibilizar los controles fiscales, también prevé un endurecimiento de las sanciones económicas para quienes presenten declaraciones juradas fuera de plazo.
