La Cámara alta en una sesión que se extendió por casi 13 horas bajo la conducción de la vicepresidente de la Nación y presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel, con 69 votos afirmativos aprobaron en general los ascensos del personal de la Armada y de la Fuerza Aérea Argentina.
Posteriormente, tras el tratamiento de diversas cuestiones y mociones de privilegio presentadas por los senadores, se avanzó con el debate unificado para todos los decretos presidenciales que intervinieron distintos organismos públicos: el Nº 351/2025 (Banco Nacional de Datos Genéticos), el 340/2025 (Marina Mercante), el 345/2025 (Instituto Nacional del Teatro) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Además, decretos ya judicializados: el 461/2025 (Vialidad Nacional, Agencia Nacional de Seguridad Vial y CNRT) y el 462/2025 (INTI, INTA, INPI, ARICCAME, INASE e INV).
En rechazo a la desarticulación de los organismos INTA e INTI, la senadora Silvina García Larraburu (Unidad Ciudadana) afirmó: "el sistema científico y tecnológico está en terapia intensiva, con riesgo de muerte, y este decreto 462 degrada organismos fundamentales para el desarrollo estratégico, la soberanía, la producción y la tecnología de nuestro país. Hoy tengo la responsabilidad de ser la voz de estos trabajadores".
En consonancia, el senador Pablo Blanco (UCR) se refirió al rol del Estado frente a la administración y a sus obligaciones con los organismos involucrados, y afirmó que "lo que ocurre con estos decretos es que avanzan contra organismos que la Constitución protege, excediendo los límites de la delegación legislativa, desvirtuando los fines legales y debilitando la capacidad del Estado Nacional".
Por su parte, el senador Fernando Rejal (Convicción Federal) brindó su postura en base al articulado del decreto sobre el INTA y el INTI y explicó que "la finalidad del instrumento que se pretende impugnar es porque el Estado tiene como finalidad apropiarse de sus recursos, vender sus inmuebles y hacer negocios para unos pocos".
En el cierre de las exposiciones, el senador Ezequiel Atauche (LLA), fundamentó el envío de los decretos del Gobierno, "hemos escuchado durante varias horas a muchos senadores hablar de las virtudes y funciones de los organismos mencionados y de lo mal que estaríamos haciendo en cerrarlos", y luego aclaró, "esto surge de una premisa incorrecta porque las funciones de estos organismos se mantienen entonces, cortemos con todo este discurso sobre su cierre porque no es lo que está sucediendo. La Ley Bases establece que no se pueden cerrar las instituciones sino reorganizarlas y es lo que efectivamente está sucediendo por lo que sus funciones continúan".
Luego, el pleno de senadores realizó la votación de cada medida y resultaron derogados los cuatro decretos delegados y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) provenientes del Poder Ejecutivo Nacional detallados anteriormente. Dichos decretos también fueron rechazados en Diputados, por lo que quedaron sin efecto.
A continuación, se abordó el tratamiento de Ley de Financiamiento Universitario que propone la reapertura de paritarias, fondos para funcionamiento y becas, y la creación de un fondo de $10.000 millones de pesos.
En calidad de miembro informante, Eduardo de Pedro (Unidad Ciudadana), repasó detalles de los principales artículos de la iniciativa y destacó que, "el primer artículo garantiza la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria argentina". Y especificó que la medida también indica que la auditoría debe ser realizada por la Auditoría General de la Nación.
A su turno, el senador Martín Lousteau (UCR) adelantó su voto a favor del financiamiento universitario y afirmó que "no hay nada que te pueda dar el Estado que transforme tanto tu vida y la de tu descendencia como la educación universitaria y hoy los salarios de los docentes están por debajo de los empleados públicos".
Previo a la votación, el senador Ezequiel Atauche (LLA), detalló que, "el 4% de los egresados se está llevando el 55% de salarios que se producen en el 30% de las universidades, entonces de lo que hablamos es sobre la ineficiencia, ineficacia y malos manejos de los fondos públicos", sin embargo aclaró que, "la educación pública es una prioridad para este Gobierno e importante para los argentinos y para este bloque político".
Con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones quedó convertido en Ley el financiamiento universitario.
A continuación se debatió la emergencia para la salud pediátrica: proyecto con media sanción de Diputados que prevé más fondos, recomposición salarial y derogación de la resolución 2109/25 con la que el Ministerio de Salud modificó el sistema de residencias médicas.
La senadora Corpacci (Unidad Ciudadana), destacó que el proyecto ,"viene con un amplio apoyo de Diputados y le solicita al Ejecutivo Nacional que lo dote con el presupuesto suficiente para poder garantizar los derechos a la salud de nuestros niños y niñas". Luego reconoció la importancia que tiene el Hospital Garrahan para ella y sus pares, "donde sus trabajadores no solo reclaman por los salarios, sino también por la falta de insumos y el maltrato y la persecución".
A pesar de haber planteado críticas y dudas en el trabajo de comisión, el senador Eduardo Vischi (UCR), expresó su acompañamiento al proyecto porque "en definitiva esta iniciativa pretende darle apoyo a todo el sistema de salud y a los médicos del Garrahan, ya que por más buena salud pública que tengamos en las provincias, algunas cuestiones sólo las puede resolver este hospital". También, hizo hincapié en la necesidad de fortalecer las instituciones y no en recortar su financiamiento.
