El paquete previsional aprobado por el Congreso contemplaba un aumento real del 7,2% para todos los haberes —excepto los regímenes especiales— y la suba del bono de $70.000 a $110.000, con actualización por inflación. Además, reponía por dos años la moratoria para quienes no lleguen a los 30 años de aportes, un beneficio clave para acceder a la jubilación mínima.
En tanto la ley de emergencia en discapacidad establecía fondos específicos para garantizar asistencia y cobertura en sectores vulnerables. Ambos proyectos habían logrado una mayoría holgada.
En la Exposición Rural el presidente afirmó que "Para proteger el superávit, que es el ancla que nos lleva al futuro, vamos a vetar leyes que buscan llevar al país a la bancarrota".
El presidente tiene el apoyo del Fondo Monetario Internacional para este veto. En el documento técnico que publicó días atrás luego de aprobarse la primera revisión del acuerdo– y que incluye un nuevo esquema de acumulación de reservas, considera que las leyes sancionó el Senado (aumento de jubilaciones, moratoria y fondos para ayuda por discapacidad) generaron un escenario de “tensión política e institucional”.
Según el FMI, esas medidas representan un aumento del gasto del 1,5% del PBI. En cuanto al futuro del sistema previsional, el principal gasto del presupuesto argentino, el FMI recuerda que el “compromiso” oficial del gobierno de Milei es presentar una propuesta de reforma previsional ante el Congreso antes de que finalice 2026.
Según el documento, eso marcaría un punto de inflexión en la agenda económica del país.
