El Gobierno de Tierra del Fuego, la Dirección Provincial de Puertos (DPP) y las organizaciones sindicales del sector portuario suscribieron un Acta Acuerdo que garantiza la plena protección laboral y económica de todo el personal portuario. El documento establece un marco de resguardo ante lo que se califica como una “vía de hecho” por parte del Estado nacional, asegurando la estabilidad, los ingresos y la paz social.
La firma del acuerdo fue efectuada por la Vicegobernadora, Mónica Urquiza; el Presidente de la DPP, Roberto Murcia; y representantes de las entidades gremiales de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE); la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN); la Asociación del Personal Directivo Ferroportuario Argentino y el Sindicato Único de Administración Portuaria.
Además estuvieron presentes, la ministra de Trabajo y Empleo, Sonia Castiglione; la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo; la secretaria de Coordinación Legal, Mariangeles Arroyo; dirigentes de las entidades sindicales de la CGT; SUPARA; SUTCAPRA; ATRARA; UTA; UDAF; FFP; SOEIMA; Movimiento Evita; APEDEFA y ANSES.
El acuerdo surge como una medida más frente a la Resolución Nº 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), que dispuso la intervención del Puerto de Ushuaia, la suspensión de su habilitación por 12 meses y, desde el 21 de enero, impidió materialmente el ingreso de la mayoría de los trabajadores provinciales mediante un operativo de seguridad.
Frente a este escenario excepcional, y con una acción de inconstitucionalidad ya presentada ante la Justicia Federal, las partes acordaron un paquete de garantías para proteger a los trabajadores de las consecuencias de un conflicto institucional ajeno a su voluntad.
Estabilidad laboral y salarial absoluta: Se garantiza la continuidad del vínculo laboral para la totalidad de la planta, sin distinción. La DPP se compromete al pago íntegro de los haberes y a la creación de un nuevo ítem salarial que será definido en una mesa de trabajo conjunta.
Responsabilidad funcional: Se deja claro que la imposibilidad de prestar tareas por la prohibición de ingreso no constituye abandono de servicio, incumplimiento ni falta disciplinaria. El personal se considera en situación de plena disponibilidad.
Reorganización transitoria de tareas: Se creará una mesa bilateral (DPP y gremios) para definir esquemas de trabajo no presencial, como capacitación, planificación o apoyo en otras áreas de la administración pública provincial, sin alterar las condiciones laborales esenciales.
Protección patrimonial: El acuerdo exonera a los trabajadores de toda responsabilidad por los bienes, instalaciones y maquinaria del puerto bajo custodia de la intervención nacional. El Gobierno Provincial gestionará la desafectación de cualquier carga patrimonial individual.
El Acta Acuerdo tiene efecto retroactivo al 21 de enero de 2026 y mantendrá su vigencia durante todo el periodo de intervención nacional, hasta que se normalice la administración del Puerto. Las partes se comprometen a mantener la paz social y a resolver cualquier divergencia en la interpretación del acta a través del Ministerio de Trabajo de la Provincia, conforme a la Ley Provincial 1511.
