La norma propone una reforma del sistema educativo con dos ejes: más autonomía para las escuelas y mayor protagonismo de las familias, incorpora un examen nacional al final de la secundaria, habilita la educación en el hogar y modifica el esquema de financiamiento, incluido el universitario.
El proyecto tiene 169 artículos y retoma varias ideas que el Gobierno ya había intentado impulsar en la primera Ley Bases. Según el Consejo de Mayo, la reforma se apoya en experiencias internacionales que asocian mejores aprendizajes con instituciones más autónomas, docentes con mayor margen de acción y sistemas con evaluaciones claras y transparentes.
El diagnóstico oficial es contundente: el deterioro educativo argentino se explica, principalmente, por "falta de autonomía, libertad y rendición de cuentas". Por eso, la propuesta apunta a modificar la gobernanza del sistema, ampliar el poder de decisión de las escuelas y darle más herramientas a las familias.
Algunos de los cambios planteados:
Establece la creación de Consejos de Padres con participación en la gestión de las escuelas públicas, la publicación de resultados por institución de las pruebas estandarizadas y la evaluación periódica de los docentes.
Introduce el Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES), una evaluación individual y voluntaria que deberán rendir los egresados del nivel medio. El test medirá conocimientos en Lengua, Matemática, Ciencias Naturales, Sociales y Humanidades, con el objetivo de establecer estándares comunes de aprendizaje.
Autoriza al Sistema Nacional de Educación a implementar mecanismos de financiamiento a la demanda, (vouchers) permitiendo que las familias reciban asignaciones o vales para elegir la institución educativa de su preferencia.
La ley habilita la educación en el hogar (homeschooling), una modalidad casi inexistente en la Argentina. Los alumnos que opten por esta vía deberán registrarse en el sistema educativo y rendir las evaluaciones oficiales para acreditar sus conocimientos.
Establece la creación de Consejos Escolares de Padres en cada escuela pública, con funciones de asesoramiento, supervisión y participación en la selección o remoción de directores. La medida apunta a dar más control a las familias sobre el funcionamiento institucional y los recursos.
También fija que los docentes serán evaluados al menos cada cuatro años, con criterios aún por definir. En cuanto a las universidades públicas, se dispone que sean auditadas de manera concurrente por la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General y el Ministerio de Capital Humano, para garantizar la transparencia en el uso de los fondos estatales.
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