El Gobierno nacional avanzó con la privatización de Transener, considerada la principal empresa de transporte de energía eléctrica de Argentina y una de las estructuras más importantes del sistema energético nacional.
La operación se oficializó mediante una resolución del Ministerio de Economía y se concretó este lunes con la transferencia de la totalidad de las acciones estatales al consorcio liderado por Genneia y Edison Energía.
Según la Resolución, el Estado transfirió el 50% del capital de Citelec, el holding que controla Transener, al nuevo consorcio privado. De este modo, el adquirente pasó a ser accionista co-controlante junto a Pampa Energía.
El traspaso había quedado definido a fines de abril, el consorcio integrado por Genneia y Edison Transmisión, presentado como Unión Transitoria de Empresas, se quedó con el paquete accionario estatal por USD 356.174.811,78. Superando el precio base fijado para la licitación, que era de USD 206 millones.
La resolución también establece que los compradores deberán formalizar el contrato de compraventa de acciones dentro de un plazo de 15 días hábiles desde la adjudicación.
Transener es la empresa encargada de transportar la electricidad en alta tensión a lo largo del país. Su función es conectar las centrales generadoras de energía, como represas hidroeléctricas, centrales térmicas y nucleares, con las distribuidoras eléctricas y los grandes centros urbanos e industriales.
La compañía opera más de 15 mil kilómetros de líneas de alta tensión y moviliza alrededor del 85% de toda la electricidad que circula en Argentina, convirtiéndose en una pieza fundamental para el funcionamiento del Sistema Argentino de Interconexión.
Sin el sistema de transporte eléctrico que administra Transener, gran parte del país no podría abastecerse de energía de manera estable. Su red resulta clave para el funcionamiento de hogares, hospitales, industrias, transporte, comunicaciones y servicios esenciales.
Por ese motivo, la decisión generó fuertes cuestionamientos, distintos sectores consideran que se trata de una infraestructura estratégica para la soberanía energética y el desarrollo económico nacional. Especialistas energéticos advierten sobre el riesgo de privatizar áreas consideradas estratégicas para el funcionamiento del país.
