El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura, Matías Lapadula, presentó una propuesta para asignar los mayores ingresos por coparticipación federal que la Provincia recibiría durante 2027. Planteó distribuirlos entre educación, salud, cancelación de deudas con los municipios, la Caja Policial y la extensión de las redes de gas domiciliario. Además, cuestionó el incremento de impuestos previsto por el Ejecutivo y advirtió sobre el uso discrecional de los recursos.
Río Grande. -En contacto con el programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia, el legislador provincial Matías Lapadula analizó el desarrollo de las reuniones de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura y cuestionó las pautas económicas presentadas por el Gobierno provincial para el próximo ejercicio. Asimismo, sostuvo que el proyecto contempla un incremento de impuestos y una reforma del Código Fiscal que no cuenta con el acompañamiento de distintos bloques políticos.
“En el presupuesto proponen un incremento importante de impuestos, una reforma del Código Fiscal que no comparto y no compartimos muchos bloques y que vamos a tener que trabajarlo porque no creo que estén dadas las condiciones y estén las voluntades para avanzar en ese sentido”, expresó.
En contraposición, consideró que “sí creo que tienen que empezar a ver la manera de hacer más eficiente el gasto y tratar de que los recursos que tenemos se inviertan correctamente”.
En ese marco, mencionó las distintas iniciativas de emergencia que se encuentran en tratamiento legislativo y planteó que también deberían formar parte de la discusión presupuestaria. Entre ellas, hizo referencia a la situación de la Caja Policial, el financiamiento educativo y las dificultades que atraviesan áreas esenciales como salud y educación.
Respecto de la situación de los policías retirados del exterritorio, sostuvo que “tenemos a los policías del exterritorio cobrando parte de su sueldo, mejor dicho, con parte de su sueldo sin cobrar hace más de un año y que hay que resolver”.
También cuestionó el proyecto de financiamiento educativo impulsado por el Poder Ejecutivo, al considerar que no reúne los consensos necesarios y que presenta inconsistencias tanto en su esquema de recursos como en los objetivos que propone.
Coparticipación: cuestionó la retención de fondos municipales
Uno de los principales cuestionamientos de Lapadula estuvo dirigido a la retención de fondos de coparticipación que corresponden a los municipios, particularmente al de Río Grande.
Por su parte, sostuvo que “tenemos que trabajar con otras herramientas para tratar de equilibrar las cuentas del gobierno, porque lo que tiene que hacer el gobierno de la provincia es tratar de equilibrarse y trata de resolverlo con plata que no le pertenece”.
Consultado sobre la postura del Ministerio de Economía frente a los reclamos municipales, Lapadula afirmó que “evidentemente están negando algo que es claro, que está inclusive que la deuda está certificada por el Tribunal de Cuentas y la verdad que me parece que tienen que ponerse un poco, empezar a prestar atención en esto y resolverlo, porque a ver, están entrando en lo que es un incumplimiento de los deberes del funcionario público”.
En ese sentido, agregó: “Hay un incumplimiento claro por parte de los funcionarios que retienen fondos que no le pertenecen. Esto puede dar lugar a denuncias penales, claramente”.
El legislador también cuestionó la manera en que el Gobierno provincial contabiliza las transferencias por coparticipación dentro del presupuesto, al considerarlas como parte de sus propios gastos.
“Cuando presentan el presupuesto de la provincia y exponen como gastos de la provincia las transferencias por coparticipación a los municipios, ahí se explica mucho de lo que hacen. Realmente ellos se creen que la plata es de ellos y no es así, son fondos que deben ser transferidos y que pertenecen a los municipios. Ponerlos como gastos, claro, es un gasto mío, lo hago cuando quiero, los pago cuando quiero”, expresó.
Para Lapadula, esa interpretación refleja un problema conceptual sobre la titularidad de los recursos y, además, permite confundir las responsabilidades del Ejecutivo frente a los incumplimientos en las transferencias.
Una propuesta de $257 mil millones adicionales
Lapadula explicó la propuesta que viene elaborando para fortalecer el financiamiento de distintas áreas del Estado sin recurrir a nuevos impuestos. La iniciativa parte de una diferencia entre los recursos de coparticipación federal estimados por la Provincia y las proyecciones contempladas en el presupuesto nacional.
Según detalló, existe una diferencia cercana al 20% entre ambas estimaciones, equivalente a unos $257 mil millones adicionales que podrían ingresar a las arcas provinciales durante 2027.
El legislador cuestionó que “hay una diferencia muy importante del 20% entre los recursos estimados por la provincia y los recursos estimados por la Nación. Esa diferencia es de 257.000 millones de pesos a favor de la provincia”.
“El Ministerio de Economía y el Gobierno no readecuaron el presupuesto. Y cuando le consultamos al ministro, dijo que no, que bueno, que está bien, que no lo hizo porque prefiere ser prudente. La realidad es que acá no hay prudencia”, sostuvo.
A partir de esa diferencia, Lapadula propuso incorporar un artículo al proyecto de presupuesto que establezca una asignación específica para los recursos adicionales que ingresen por coparticipación federal y que no fueron contemplados en las estimaciones originales.
La distribución propuesta contempla un 30% para educación, otro 30% para salud, un 20% para cancelar las deudas con los municipios y partidas destinadas a asistir a la Caja Policial y extender las redes de gas domiciliario a las familias que todavía no cuentan con ese servicio.
“Lo que hice y lo que propuse es agregar un artículo al proyecto de presupuesto que establezca que todos los ingresos de coparticipación federal que no están estimados en el presupuesto, que son estos 257.000 millones de pesos, tengan asignación específica”, explicó.
Sobre los fundamentos de la iniciativa, sostuvo que “estamos discutiendo hoy mismo un presupuesto de la provincia de 2,7 billones de pesos. Vale decir que si nosotros podemos reasignar un 1% de todo ese presupuesto de educación, son 27.000 millones de pesos. O sea, muchísimo más de lo que podemos asignar creando un impuesto que van a tener que pagar todos los vecinos y vecinas y que no solucionan las cosas”, argumentó.
En relación con la extensión de las redes de gas, destacó que “es importante invertir ahí. No solo soluciono problemas a los vecinos y vecinas, sino que además ahorro dinero”.
Lapadula también remarcó que “no le cambio ninguna partida a las que estimó el Gobierno de la provincia, ni de recursos ni de gastos. Ahora sí que establezco que todo lo que ingrese más, vamos a decidir que vaya a las áreas donde es prioritario fortalecer con recursos”.
En cuanto a los montos, precisó que la asignación permitiría destinar alrededor de $57 mil millones a educación, una cifra que, según sostuvo, representa entre ocho y diez veces más que los recursos que proyecta recaudar el proyecto de financiamiento educativo del Ejecutivo.
“Me parece que es una alternativa, yo creo que es una alternativa válida, responsable, porque no creo ningún tipo de gastos si no van a ingresar estos recursos. Esto está supeditado a que efectivamente ingresen estos recursos”, aclaró.
Además, planteó que los fondos tengan cuentas específicas para garantizar el seguimiento de su ejecución y evitar que puedan ser utilizados discrecionalmente.
Críticas al gasto público y al financiamiento educativo
Lapadula también se refirió a la información sobre una supuesta asistencia del Banco de Tierra del Fuego por unos $35 mil millones para afrontar el pago de salarios provinciales. Si bien aclaró que no podía confirmar ese monto, reconoció que la entidad financiera asiste regularmente al Ejecutivo mediante herramientas de corto plazo.
“Sí, es cierto que el Banco Tierra del Fuego asiste permanentemente desde hace mucho tiempo a la provincia. Son asistencias muy de corto plazo, a veces de días, para pagar los salarios en cierta forma”, explicó.
Asimismo, mencionó el uso del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO), del cual aseguró que la Provincia también hace uso y mantiene fondos pendientes de reintegro.
“Esto es producto del desmanejo del gasto. Esta es la realidad. Cuando yo tengo una planta política excesiva, cuando yo administro mal los recursos, y bueno, en algún momento la voy a chocar. Y esto ha pasado de hace tiempo. No todo es una cuestión de recursos y aumentar impuestos”, sostuvo.
Como ejemplo, se refirió al presupuesto educativo provincial, que asciende a aproximadamente $537 mil millones, y cuestionó que “es el área que más presupuesto tiene de la provincia. Ahora, eso no se nota ni en los salarios de los docentes, ni se nota en las aulas. ¿Por qué? Son 12 millones de pesos por alumno que estoy invirtiendo. ¿Y por qué no se ven reflejados en la calidad del salario docente, en la calidad de las escuelas, en la calidad de la educación en definitiva? Porque gasto mal”.
En ese contexto, volvió a cuestionar el proyecto de financiamiento educativo enviado por el Ejecutivo y sostuvo que “además, defienden un proyecto que desde el punto de vista técnico está hecho muy mal. Es una payasada, voy a decirlo así”.
Lapadula puso como ejemplo el objetivo de incrementar progresivamente la inversión educativa hasta alcanzar el 7,8% del Producto Bruto Geográfico en cinco años. Según explicó, los porcentajes de inversión de los últimos ejercicios ya se encuentran por encima de esa meta.
“El año pasado estuvo en el 8,5 y este año va a estar en el 8. Entonces, ¿de qué hablamos? O sea, lo tengo que reducir hoy, porque si yo me pongo como meta el 7,8 en cinco años y el año pasado estuve en el 8,5 y hoy estoy en el 8. ¿Qué quiere decir? ¿Quién armó el proyecto ese? ¿Lo armaron con IA? No se entiende, no verificaron nada”, cuestionó.
Frente a ese escenario, insistió en que la discusión debe centrarse en cómo se distribuyen y ejecutan los recursos disponibles, antes que en la creación de nuevos impuestos.
El debate presupuestario continuará la próxima semana
Por último, Lapadula adelantó que las exposiciones de las distintas áreas del Gobierno continuarán durante el miércoles y jueves de la próxima semana, con la presentación del Ministerio de Educación como uno de los encuentros centrales para el debate.
Una vez finalizada esa instancia, propondrá que los bloques legislativos comiencen a trabajar en la construcción de consensos para avanzar con un dictamen.
“Yo tengo esta propuesta, que por supuesto la voy a presentar también por escrito, que sea analizada, que sea consensuada como herramienta alternativa a dar solución a muchos de estos problemas. Pero también cada uno de los bloques tiene que hacer sus consideraciones”, señaló.
En ese sentido, consideró fundamental que la Legislatura pueda aprobar el presupuesto antes de finalizar el año. “Para mí, esto es mi opinión, creo que es fundamental que este año tengamos un dictamen y que tengamos un presupuesto aprobado para el año que viene”, remarcó.
Aunque reconoció que los tiempos de discusión podrían extenderse más allá de mediados de diciembre, sostuvo que “la idea, por lo menos para mí, es que en diciembre vayamos a sesionar y podamos aprobar el presupuesto. Y si no, como sucedió en otros años, que tengamos a lo mejor dos sesiones en diciembre, una hacia fin de año, justamente para ver estas herramientas y que la provincia pueda contar con este presupuesto”,cerró.
