El Consejo de la Magistratura fueguino pone la lupa sobre la jueza y el fiscal en el caso Leonelli

11:49 | Pedirán explicaciones al Ministerio Público y a la jueza María Cristina Barrionuevo por no haber informado oficialmente sobre la investigación penal que involucra al camarista Andrés Leonelli. La omisión podría constituir una falta grave, según lo establecido por la Ley Provincial 525.

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El Consejo de la Magistratura fueguino pone la lupa sobre la jueza y el fiscal en el caso Leonelli
En su reunión del pasado 30 de julio, el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego resolvió solicitar explicaciones al Ministerio Público y a la jueza María Cristina Barrionuevo por no haber informado oficialmente sobre la investigación penal que involucra al camarista Andrés Leonelli. La omisión podría constituir una falta grave, según lo establecido por la Ley Provincial 525.El encuentro se llevó a cabo en la ciudad de Río Grande y fue presidido por la Dra. Edith Miriam Cristiano. Participaron también la legisladora María Victoria Vuoto, el legislador Federico Greve, la consejera Verónica Muchnik y los miembros Paulo Tita y Santiago D’Angelo (este último de forma remota). El Dr. Virgilio Martínez de Sucre se ausentó con aviso previo.Uno de los puntos centrales del temario fue el análisis de la conducta de la jueza de instrucción Barrionuevo y del fiscal Fernando Ballester Bidau, quienes intervienen en la causa penal contra el juez Leonelli. El Consejo cuestionó que la investigación haya trascendido públicamente sin que se cumpliera con la obligación de notificar al organismo, tal como exigen los artículos 4 y 5 de la Ley 525.Por unanimidad, se resolvió enviar oficios tanto al fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia como a la jueza del Juzgado de Instrucción N.º 2 del Distrito Judicial Sur para que confirmen si efectivamente existe un proceso penal en curso contra Leonelli. De ser así, deberán explicar por qué no se informó oportunamente al Consejo.La medida posiciona a Barrionuevo y Ballester Bidau bajo posible observación administrativa, ya que la normativa vigente considera grave no comunicar una imputación penal contra un magistrado. El artículo 4 obliga a informar de inmediato al Consejo, mientras que el artículo 5 habilita a este a intervenir de oficio y solicitar los informes necesarios.

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