Desde el Concejo Deliberante de Tolhuin manifestamos nuestro profundo rechazo al Decreto Nacional 333/2025, por entender que atenta directamente contra el Régimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego, creado por la Ley 19.640, y con él, contra el desarrollo social, económico y humano de toda la provincia.
La industria fueguina no nació por casualidad ni por interés privado: fue el propio Estado Nacional quien promovió la radicación de personas en una región inhóspita, aislada y estratégica. Hoy, con una decisión intempestiva y sin diálogo, se pretende desmantelar lo construido en décadas. Y eso no es una transformación: es exterminio.
No pedimos privilegios, pedimos humanidad.
Aunque en Tolhuin no hay fábricas metalúrgicas, nuestra comunidad también se verá fuertemente afectada. Los aserraderos locales producen pallets que se utilizan para trasladar productos fabricados en Ushuaia y Río Grande, y muchas familias dependen directa o indirectamente de esa actividad industrial. Además, la caída de hasta 15.000 puestos laborales —entre directos e indirectos— reducirá el consumo interno, afectará el turismo y golpeará la economía de Tolhuin: son miles de personas menos que ya no vendrán a descansar, invertir o consumir en nuestra localidad.
También se verá afectada la industria turbera, una de las más importantes en Tolhuin. Actualmente, muchos camiones que llegan desde el continente trayendo componentes para las fábricas vuelven cargados con turba, lo que permite reducir costos logísticos tanto para las empresas de transporte como para los productores turberos. Sin ese movimiento industrial, esos camiones volverían vacíos, encareciendo los fletes y perjudicando gravemente a otro sector clave de nuestra economía local.
El régimen fueguino, creado por ley y sostenido por el Estado durante más de 50 años, permitió el arraigo de miles de personas en un territorio que hasta entonces tenía muy poca población, en su mayoría extranjeros. Hoy somos casi 200.000 fueguinos en la provincia. No se puede desconocer esa historia ni tomar decisiones que afecten a toda una comunidad sin planificación, sin diálogo y sin contemplar alternativas.
Creemos que el desarrollo del país debe ser equilibrado, inclusivo y justo. Por eso, exigimos al Gobierno Nacional que revise esta medida y abra una instancia real de diálogo con la provincia.
