El Colegio Público de Abogados de Río Grande expresó su respaldo al presidente de la institución, Renán Uribe, ante las recientes declaraciones de sectores gremiales y rechazó lo que calificó como “ataques personales” contra el titular de la entidad.
A través de un comunicado, integrantes del Colegio señalaron que las críticas dirigidas contra Uribe buscan, según su interpretación, desviar el eje de la discusión sobre el funcionamiento del servicio de Justicia en la provincia.
En ese sentido, la institución sostuvo que existe una situación de “parálisis grave e insostenible” en el ámbito judicial y remarcó que no cuestiona la legitimidad de los reclamos salariales de los trabajadores del sector.
Sin embargo, planteó su rechazo a que las medidas vinculadas al conflicto gremial terminen afectando el derecho de los ciudadanos al acceso a la Justicia. Según indicaron, la situación repercute sobre trámites y cuestiones urgentes de los fueros de familia, civil y comercial, penal y laboral.
Otro de los puntos planteados por el Colegio estuvo relacionado con los honorarios profesionales. La entidad cuestionó los argumentos vinculados con su regulación y sostuvo que existe un desconocimiento sobre las condiciones en las que desarrollan su actividad los abogados independientes.
“El honorario no es un privilegio”, afirmaron, y señalaron que constituye la retribución de profesionales que, a diferencia de los trabajadores estatales, no cuentan con estabilidad laboral, aguinaldo ni licencias pagas y cuyos ingresos dependen, según expresaron, del funcionamiento del sistema judicial.
Desde el Colegio defendieron además su reclamo para que los tribunales permanezcan abiertos y operativos, al considerar que exigir la continuidad del servicio no representa un cuestionamiento a los trabajadores judiciales, sino una defensa del funcionamiento de un servicio que consideran esencial para la comunidad.
Finalmente, la institución volvió a pedir al Superior Tribunal de Justicia y a las organizaciones gremiales que canalicen sus diferencias a través del ámbito paritario y reclamó que se garantice la continuidad efectiva del servicio de Justicia en Tierra del Fuego.
