El abogado Raúl Aciar planteó que ciertos actos de gobierno provincial, de confirmarse, no pueden quedar al margen de una evaluación institucional exhaustiva. Entre ellas, la utilización de recursos económicos originados del Puerto de Ushuaia para atender necesidades financieras del Poder Ejecutivo provincial. Asimismo, contrataciones de servicios jurídicos por montos en moneda extranjera y a la crítica situación del erario público.