Un juez federal del estado de New Hampshire bloqueó, con carácter nacional, la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de eliminar la ciudadanía por nacimiento, que anunció en su segundo día en el poder y que resultó ser una de las medidas más polémicas del mandato del magnate republicano.
BUENOS AIRES (NA).- “Privar de la ciudadanía estadounidense es un cambio abrupto de una política de larga data y provoca daños irreparables”, dijo el juez Joseph Laplante quien, sin embargo, declaró una pausa de siete días en su decisión para permitir al Gobierno apelar su fallo, según recoge el caso tramitado como una demanda colectiva por la organización Unión de Libertades Civiles (ACLU), citada por el portal DW.
El fallo del juez Laplante es significativo porque el mes pasado la Corte Suprema limitó la facultad de los magistrados de tribunales inferiores para emitir órdenes judiciales a nivel nacional, manteniendo intacta la capacidad de los demandantes para solicitar un bloqueo generalizado de la orden mediante demandas colectivas, como ocurrió el jueves en Nuevo Hampshire.
En su fallo, el magistrado accedió a la solicitud de abogados especializados en derechos migratorios para certificar una demanda colectiva a nivel nacional que “estará compuesta únicamente por aquellos privados de ciudadanía” y emitió una orden judicial preliminar que bloquea indefinidamente la ejecución de la orden ejecutiva de Trump contra los bebés, nacidos y no nacidos, que se verían afectados por la política, según reportó CNN.
Laplante, que fue nombrado por el presidente George W. Bush, también republicano, resaltó que la ciudadanía estadounidense “es el mayor privilegio que existe en el mundo”. Este mismo magistrado ya se había opuesto en febrero a la misma orden ejecutiva, pero limitando el alcance de su fallo solo a los miembros de varias organizaciones y no con carácter universal, y alegó entonces que la orden de Trump violaba la 14ª. enmienda constitucional.
La orden ejecutiva de Trump debía entrar en vigor el próximo 27 de julio, después de que el Tribunal Supremo invalidara otras órdenes de bloqueo parecidas emitidas por jueces estatales con el argumento de que no podían bloquear órdenes con alcance federal, en lo que se consideró un fallo de enorme trascendencia jurídica ante la “barrera” de decisiones judiciales que se han opuesto a las políticas de Trump.
El fallo sobre la moción presentada por “Bárbara y otros” señala que los demandantes “pueden sufrir un daño irreparable si no se otorga la orden (de bloqueo)”. El caso, presentado por abogados de derechos de inmigrantes, solicitaba al juez garantizar el estatus de sus representados, así como de todo niño cuya ciudadanía pudiera estar en peligro por la implementación de la directiva de Trump.
De hecho, el fallo del juez de Concord, New Hampshire, se refiere a “los niños existentes y los futuros” que se verían afectados por la orden ejecutiva, pero no menciona a sus padres, como también habían solicitado los demandantes. La peticionaria principal, Bárbara (cuyos apellidos no fueron revelados), es una ciudadana hondureña que está pendiente de una solicitud de asilo y que espera a un primer hijo en octubre de este año que nacería en territorio estadounidense.
