Como miembro informante del proyecto del Poder Ejecutivo, el diputado Lisandro Almirón (LLA) remarcó que “defendemos esto porque estamos seguros de que este es el camino: el de promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad".
“Nuestra legislación laboral vigente, rígida y anacrónica, funciona como barrera para que la registración de empleo formal y las cargas de las normativas para quienes contratan, ahoguen a cualquiera de buena intención", señaló Almirón. En esa línea, subrayó que “sin inversión no hay empresas; sin empresas no hay trabajadores".
En representación de Unión por la Patria, Sergio Palazzo resaltó que “la norma que están votando es inconstitucional” y que "han contrabandeado detrás de la palabra modernización laboral, la regresión más brutal que reconozca la historia sobre los derechos de los trabajadores. Afecta todos los pilares del derecho del trabajo, de la representación, e inclusive ahora, del fuero en el que deben tratarse las cuestiones laborales"
Desde Provincias Unidas, el diputado Martín Losteau hizo hincapié en que "el sistema previsional es inequitativo. Nuestro sistema tributario es regresivo. Y nuestro sistema laboral arrastra problemas históricos, le falta actualizaciones, no contempla el trabajo remoto y las nuevas formas de vínculo laboral". Asimismo, añadió que “este Gobierno mira las relaciones laborales y dice 'las empleadas domésticas están en relación de fuerza con relación a los patrones'; al empleador, beneficio; al empleado, castigo".
Al criticar y rechazar el proyecto, el diputado Néstor Pitrola (FIT-U) afirmó que "nos quieren llevar a la barbarie, sin sindicatos, sin lucha, sin derecho de huelga ni derecho a la organización".
“En 48 horas, este Congreso, sin ningún tipo de debate, sin escuchar a los que saben, hoy se va a llevar 50 años de protección a la parte débil", fustigó la diputada Mónica Frade (Coalición Cívica), quien manifestó, además, que "va a haber un nivel de litigiosidad muy alto, vamos a plantear muchas inconstitucionalidades, va a haber muchas cautelares como las que se vinieron planteando con la Ley Bases".
Al anticipar que va a votar a favor del proyecto, el diputado Pablo Outes (Innovación Federal) recalcó que “el modelo de reforma que se está actualizado sí sirve para las provincias del interior, para nuestras pequeñas empresas”. “Tenemos un 50% de trabajadores informales, no conocen la jubilación, no han tenido acceso a un sistema de Obra Social. Simplemente tengo un concepto de que la justicia tiene que ser para todos. El problema de la Argentina es mirarse el ombligo”, concluyó.
En la continuidad, el diputado Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal) reafirmó que en la ley no encontró ningún punto que “favoreciera al trabajador”. "La ley tiene un enmascaramiento que es la modernización. No hay ningún elemento que indique que hubo un intento de modernizar”, enfatizó. Para concluir, sentenció que "se meten con todo: con la vida, con las enfermedades de los trabajadores. Se excedieron. Entonces volvieron atrás, porque midieron con algún consultor, y este tema les daba negativo".
