Al comienzo del encuentro, se sucedieron en la palabra representantes del Gobierno nacional, en procura de reconsiderar el proyecto derogatorio. “Argentina es un país descapitalizado, con una economía que se liberó y se va integrando al mundo”, sintetizó en principio el Secretario de Coordinación y Producción del Ministerio de Economía de la Nación, Pablo Agustín Lavigne.
El funcionario sostuvo que el Decreto “fue un pedido de las empresas por su necesidad de acceso al capital y al crédito, ante una dificultad para obtener la maquinaria de punta en general”, y puso como ejemplo que renovar una línea de tractores en Argentina “costaba el doble que en Brasil o en Uruguay”. “Una cosa no quita la otra – prosiguió Lavigne -; en el primer semestre de 2025 se patentaron 437 cosechadoras, de las cuales 121 eran importadas y sólo 9 eran usadas; 2.700 tractores, de los cuales 500 eran importados y sólo 8 de ellos usados, y se ha importado una sola cosechadora usada. Pero a la vez, en el mismo semestre se alcanzó el récord de importaciones de bienes nuevos”, finalizó.
Asimismo, el Secretario de Desregulación Económica de la Nación, Alejandro Cacace, puso reparos en que "este Decreto ha sido dictado bajo una facultad propia del Ejecutivo por el Código Aduanero, por lo que todo lo que se hizo es levantar una prohibición que antes había establecido el propio Ejecutivo". “Desde la implementación del Régimen han crecido las importaciones en aeronavegación, petróleo, minería e industrias que están en todo el territorio del país”, sostuvo Cacace, al tiempo que remarcó que “las empresas y PyMes que están generando trabajo nacional a partir de producir más”. “Debemos notar que hay una política comercial que fija aranceles a las importaciones para su regulación – reforzó Cacace -, “y pensar en la diversidad de acceso a productos que genera el Decreto, porque hay maquinarias y equipos que ni siquiera se producen en el país, como el caso de las aeronaves”.
A su turno, el autor del proyecto de derogación del Decreto 273/25, el diputado Jorge Neri Araujo Hernández (UxP), fundamentó: “El Decreto generaba la eliminación del CIBU (Certificado de Importación de Bienes Usados), suprimiendo el control general de toda la maquinaria importada. Al perder el control, se ponen en riesgo muchísimas cosas, no solamente lo socio ambiental, sino a las propias vidas humanas. En la Provincia de Tierra del Fuego, por ejemplo, cerca de 11.000 personas han perdido sus puestos de trabajo por estas políticas de desregulación del Estado. Queremos la derogación porque consideramos que no favorece a la producción y al empleo nacional”.
En sintonía con el diputado Araujo Hernández, los rechazos al Decreto 273/25 tuvieron expresión en el planteo del secretario de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica), Abel Furlán, quien advirtió que “muchos productores de máquinas agrícolas de la Argentina se ven amenazados, y ven que este Decreto pone en riesgo, no solamente la producción e industria nacional, sino también la empleabilidad de cientos de miles de trabajadores". En ese sentido se expidió el presidente de la CAFMA (Cámara Argentina de Fabricaciones de Maquinaria Agrícola), Hernán Zubeldía, al considerar que “no se está analizando el riesgo a futuro desde lo laboral, lo económico y lo fitosanitario”, y que la importación de maquinaria usada le abre la puerta “a lo ocurrido entre los años 80’ y 90’, cuando cayeron las 40 fábricas de cosechadoras autopropulsadas en el país que hizo la primera de estas máquinas en el mundo”.
En otro orden, el titular de MAIZAR (Asociación Maíz y Sorgo Argentino), Federico Zerboni, manifestó su preocupación porque la Argentina registra “el parque de maquinaria más antigua entre nuestros vecinos competidores, donde tenemos tractores con 20 o 25 años, cosechadoras obsoletas, y es muy bajo porcentaje de maquinaria por la cantidad de cosecha que se trabaja en el país". “Aún si el país lograra aumentar la producción de 140 millones a 180 millones de toneladas, no hay con qué levantarlo, porque faltan rutas e infraestructura, y porque muchos de los contratistas no pueden renovar su parque maquinarias obsoletas, siendo que es más cara mantenerlas que renovarlas”, sentenció Zerboni.
Finalmente, en virtud del dictamen de rechazo al proyecto de derogación del Decreto 273/25, el diputado Santiago Pauli (LLA) defendió la validez del mismo al considerar que el Régimen “libera la inversión productiva y elimina la burocracia improductiva”. “Los controles siguen, pero es a posteriori, para tener más producción y por ende generar más fuentes de trabajo”, afianzó Pauli, quien además destacó que el Decreto es superador a la experiencia del CIBU, en tanto “sus permisos otorgaban discrecionalidad al Gobierno, y permitían una burocracia para las PyMes que generan las fuentes de trabajo". "En 2025, la compra de bienes importados no llega al 16%, pero la venta creció un 27%. Esto quiere decir que también creció la exportación nacional, por la competencia y la inversión que dejó este Decreto”, culminó el diputado de La Libertad Avanza.
Participaron además del debate, en representación de la HCDN, las diputadas Mercedes Llano (LLA), Paula Omodeo (CREO), Daiana Fernández Molero (PRO) y Silvana Giudici (PRO), y los diputados Rogelio Iparaguirre (UxP), Diego Giuliano (UxP), Nicolás Maquieyra (PRO) y Gerardo González (Coherencia). El listado de expositores invitados se completa con la participación de Juan Speroni, Sec. Gral. del Sindicato General de Obreros Navales; Luis Simone, presidente de FACMA (Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas); Juan Maravilla, representante de American Jet SA; Miguel Ángel Cirio, socio de Agro La Merced S.R.L; Marcos Akalestos, Presidente de Embalajes Marplatenses SA; Ignacio Andrés Arroyo, apoderado de Distribuidora Italia S.R.L, y Francisco "Pancho" Banegas junto a Juan Contrisciani, Secretario General ATE Ensenada y trabajador del Astillero Río Santiago, y delegado de dicha instalación industrial respectivamente.
