Hace 77 años, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el contexto de posguerra después de la cruenta II Guerra Mundial, el mayor hecho bélico del siglo XX que involucró a gran cantidad de Estados y dejó millones de víctimas. Treinta y cinco años después, en 1983, la misma fecha marca el regreso de la democracia en nuestro país, luego de la cruenta dictadura cívico eclesiástico militar genocida.
El legado de la dictadura: Impunidad y deuda con la democracia.
Finalizaba el período más oscuro de nuestro país, en el cual las Fuerzas Armadas tomaron el control para implementar un modelo económico neoliberal de saqueo y entrega que solo podría concretarse a través de un plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio de personas y apropiación de bebés, en los 520 centros clandestinos de tortura y exterminio (CCDTyE) en todo el país. Este modelo, servil a los intereses de los grandes grupos económicos, reemplazó el modelo centrado en la industrialización por sustitución de importaciones por la valorización del sector financiero, con una política distributiva regresiva y la apertura comercial, sostenido a través del congelamiento salarial, la supresión del sistema de control de precios y la devaluación.
La participación de la burguesía nacional, de los grupos empresariales y financieros queda ampliamente probada, a pesar de que muchos de ellos gozan de impunidad, como Carlos Blaquier, quien murió sin ser juzgado, pero es responsable de la noche del apagón en Jujuy, además de aportar la logística para la desaparición de trabajadores y trabajadoras; como así también de los responsables jerárquicos en Acindar de Villa Constitución por la desaparición de militantes obreros, pero que este año fueron absueltos por un Poder Judicial cómplice en la “Causa Villazo”. La participación empresarial se manifiesta en la cantidad de víctimas que cuenta el movimiento obrero: el 67% de las personas detenidas desaparecidas eran trabajadoras y trabajadores organizados.
En su fundamental “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar”, Rodolfo Walsh describe este plan económico como la miseria planificada y lo demuestra detalladamente, plan que solo sería posible a través de la censura, la persecución, represión y exterminio de movimientos obreros, sociales, políticos partidarios, estudiantiles y juveniles, en definitiva, de quienes se atrevían a sostener un compromiso militante en oposición al régimen.
Un plan de exterminio sustentado en la Doctrina de la Seguridad Nacional, por el cual las FFAA dejaron de ser instruidas en la doctrina de la Defensa Exterior, para pasar a combatir a un enemigo interno, y que requirió del compromiso y colaboración de las dictaduras latinoamericanas, con una fuerte presencia estadounidense, a través del Plan Cóndor, en el contexto de la Guerra Fría.
La magnitud de la violencia desplegada y la profundización de la crisis económica llevó al desgaste del gobierno dictatorial genocida, que involucra al pueblo argentino en un conflicto bélico apelando al reclamo legítimo y soberano de la recuperación de las Islas Malvinas. Una guerra que resultó un desastre de enormes proporciones, tal como detalla el Informe Rattenbach, que describe el conflicto como una “aventura militar”, con una pésima estrategia militar, política y diplomática, y que significó el retroceso del reclamo soberano por la vía diplomática y la pérdida de todos los avances alcanzados.
La crisis económica, el creciente malestar social que se materializa en la reorganización de diferentes movimientos sindicales, políticos y sociales, y el fracaso en la guerra fuerzan el fin del régimen, que debió llamar a elecciones libres.
El fin de este nefasto período de nuestra historia no implica que sea un tema del pasado, porque sus consecuencias pueden ser rastreadas en nuestro presente, ¿Cómo puede ser pasado, si aún hay 300 personas cuya identidad no ha sido restituida? ¿Si sus hijas e hijos también ven su derecho a la identidad vulnerado? ¿Cómo es posible considerar que es cosa del pasado, si todavía quedan genocidas sin recibir condena, y las responsabilidades empresariales no son juzgadas? ¿Podemos soñar con una democracia completa cuando continúan sin ser juzgados los genocidas responsables por crímenes de lesa humanidad en Malvinas?
La memoria es una cuestión de presente y de futuro, saber qué pasó y dónde están las 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, dónde están los bebés apropiados, es el camino que construirá una sociedad más justa, plural, soberana y libre.
Por una democracia más plural y diversa
Recordar y fortalecer la memoria se torna imprescindible, más aún en un presente convulso, en el que se dilapidan los consensos democráticos que nos permitieron llegar hasta acá. La organización de la sociedad, en este sentido, es fundamental para defender las conquistas alcanzadas y avanzar hacia un futuro en el que todas y todos alcancemos una vida con dignidad.
Insistimos, en nuestro país las voces se han multiplicado y más sectores han sido visibilizados, sin embargo, los grupos más vulnerables aún quedan relegados, sin ser vistos ni oídos. En estas cuatro décadas la promesa democrática no ha llegado a todas y a todos: hemos visto nuestras infancias sufrir la marginación y el hambre, fuimos testigos de las desapariciones de personas, la brutalidad de las fuerzas represivas del Estado contra el pueblo que se manifiesta. Si los diferentes colectivos han conquistado derechos y puesto en la agenda pública sus demandas, fue por su propia iniciativa y potencia, no porque el Estado haya querido ampliar el acceso a una vida digna.
Más aún, durante los dos años de gobierno ultraderechista y ultraconservador de Javier Milei, avanzan sobre los consensos que nos permitieron sostener la democracia, atacan colectivos en mayor grado de vulnerabilidad, instrumentan políticas que profundizan la desigualdad social, se atreven a cuestionar la justicia social que ha significado el compromiso del Estado con la redistribución de las riquezas y arrasan con las reivindicaciones que la sociedad argentina ha consensuado tras amplios debates.
Solo a través de la movilización y la articulación social podremos proteger las conquistas históricas y construir un país más justo e inclusivo, donde la dignidad sea una realidad para cada habitante de nuestra nación.
En defensa de los Derechos Humanos, ahora y siempre
Partimos de la premisa de que todas las personas tenemos derechos por el simple hecho de nacer seres humanos: el derecho a la vida, a la educación, a la salud, forman parte de las condiciones de dignidad que nos corresponden. Los derechos humanos deben ser ejercidos y respetados por las personas, pero el Estado tiene la obligación de garantizar su pleno goce a través de la implementación de políticas de Estado. Por otra parte, son las personas, a partir de la organización ciudadana, quienes conquistan nuevos derechos, como fue la jornada laboral de 8 horas o, más recientemente, el derecho de las personas gestantes a acceder a la interrupción del embarazo.
En este sentido, desde el Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) ratificamos y renovamos nuestro profundo compromiso en la defensa y reivindicación de los Derechos Humanos. Lo hacemos en un contexto nacional e internacional adverso, en el que los discursos de odio fomentados por una derecha ultraconservadora radicalizada crecen y ganan espacio en la discusión pública, discursos que se ven fortalecidos por los grupos concentrados de poder que se alimentan del avance retrógrado y se favorecen a partir del desguace y achicamiento del Estado, perjudicando especialmente a los grupos sociales más vulnerables.
A lo largo del año, el gobierno nacional de Javier Milei, apoyado y respaldado por sectores vinculados a la timba financiera (que promueven este modelo económico); los medios hegemónicos de comunicación (que reivindican las políticas del gobierno, estigmatizan/criminalizan a quienes se oponen – reeditando el «enemigo interno» -, construyen «sentidos comunes» al tiempo que legitiman los discursos de odio) y el funcionariado que ejecuta el ajuste; desarticuló y destruyó las políticas de Estado vinculadas a género, memoria, personas con discapacidad, adultas y adultos mayores, entre tantas otras.
En el Día de los Derechos Humanos, la memoria de las atrocidades de la dictadura y la impunidad empresarial se cruzan con el presente de un gobierno que desmantela consensos democráticos y ataca a los colectivos más vulnerables. Resulta imperativo redoblar los esfuerzos en la defensa de los Derechos Humanos: la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia no es eslogan que mira al pasado, sino una herramienta de resistencia activa frente a las embestidas que buscan desmantelar el entramado social y democrático. Ante este panorama de retroceso, la organización y la movilización social son la única garantía para proteger las conquistas históricas.
Frente al embate neoliberal, ultraderechista, antiderechos, negacionista y reivindicacionista de la dictadura genocida ¡A redoblar la resistencia y construir el futuro que nos merecemos!
30000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos ¡Presentes! ¡Ahora y siempre!
Memoria, verdad, justicia, soberanía y paz
La educación pública construye memoria, verdad y justicia
Prensa SUTEF
