La falta de transferencia de recursos provinciales llevó al Municipio de Río Grande a formalizar una intimación contra las autoridades responsables de administrar los fondos públicos. Las cartas documento, dirigidas a la Contadora General y a la Tesorera de Tierra del Fuego, exigen regularizar una deuda estimada en más de $17.294 millones. La gestión municipal denuncia demoras reiteradas que afectan sus finanzas y advierte que podría iniciar acciones judiciales e impulsar investigaciones sobre eventuales responsabilidades de funcionarios provinciales.
RIO GRANDE.- La acumulación de una deuda estimada en más de $17.294 millones y las reiteradas demoras en las transferencias llevaron a la Municipalidad a intimar formalmente a las autoridades provinciales, bajo apercibimiento de avanzar con acciones administrativas y judiciales.
La decisión quedó plasmada en cartas documento enviadas el 30 de octubre a la contadora general de Tierra del Fuego, Yesica Solange Flecha, y a la tesorera provincial, Romina Rouco, a quienes se exige adoptar las medidas necesarias para normalizar el envío de recursos que corresponden legalmente a Río Grande.
Según la documentación municipal, la deuda estimada al 30 de septiembre alcanza $17.294.814.520, integrada por coparticipación, regalías y fondos correspondientes al Bono de Compensación. Se trata de recursos que la ciudad reclama para sostener sus compromisos presupuestarios y garantizar el funcionamiento de sus servicios públicos.
La gravedad del reclamo no radica únicamente en el monto acumulado, sino también en la modalidad de las demoras. El Municipio sostiene que pudo acreditar, mediante el cotejo de decretos provinciales y transferencias bancarias, que fondos correspondientes a determinados períodos fueron girados con posterioridad a las fechas en que debían ser remitidos.
La coparticipación no es una ayuda económica que el Gobierno provincial pueda otorgar según su conveniencia política o financiera: constituye una obligación legal de transferencia de recursos que pertenecen a los municipios.
Esta situación, advierte la presentación, afecta directamente la disponibilidad de recursos municipales y compromete la previsibilidad financiera necesaria para sostener prestaciones, obras y obligaciones asumidas con terceros.
El planteo tiene, además, un fundamento constitucional. La coparticipación no es una ayuda económica que el Gobierno provincial pueda otorgar según su conveniencia política o financiera: constituye una obligación legal de transferencia de recursos que pertenecen a los municipios.
En ese sentido, las cartas documento invocan el artículo 135 de la Constitución provincial y advierten que la falta de remisión oportuna de los fondos puede comprometer la autonomía económica de Río Grande.
La Municipalidad intimó a las funcionarias provinciales a adoptar las medidas correspondientes dentro de las 48 horas posteriores a la recepción de las notificaciones. También exigió información detallada sobre las liquidaciones, los pagos efectuados y los fundamentos legales de cualquier retención, descuento, compensación o postergación de las transferencias.
La advertencia es concreta : si persisten los incumplimientos, Río Grande se reserva el derecho de recurrir a la Justicia, solicitar la intervención del Tribunal de Cuentas provincial y presentar una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal para que se investiguen posibles responsabilidades administrativas y penales.
La discusión deja de ser exclusivamente presupuestaria cuando las demoras condicionan la capacidad de una ciudad para planificar sus gastos, ejecutar obras y sostener servicios esenciales.
La intimación también representa una profundización en la posición institucional del Municipio ante la falta de soluciones económicas, que decidió avanzar con herramientas legales concretas para exigir el cumplimiento de las obligaciones provinciales.
