El denunciante terminó convertido en funcionario nacional. Juan Andrés Avellaneda, quien había presentado ante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) una denuncia por presuntas irregularidades en el Puerto de Ushuaia, ahora ocupa un cargo directivo dentro de la estructura administrativa que participa en la gestión de la terminal fueguina desde la intervención federal dispuesta por el Gobierno de Javier Milei.
La información surge de la nómina actualizada de autoridades de la Administración General de Puertos (AGP), difundida tras la reorganización aprobada mediante la Resolución 136/2026, firmada el 14 de octubre por una de las autoridades de la intervención, Gastón Benvenuto.
En ese listado, Avellaneda figura como director de Operaciones y Servicios Portuarios de la Unidad Puerto de Ushuaia, mientras que Fernando Ariel Polizzi aparece como coordinador general y Valeria Celeste Cabrera como directora de Planificación Estratégica.
Sin embargo, el dato políticamente más significativo está en el recorrido de Avellaneda: primero denunció ante el organismo nacional que posteriormente intervino el puerto y ahora integra la estructura que asumió su administración.
De esta manera, quien había cuestionado el funcionamiento de la administración provincial pasó a ocupar una posición de responsabilidad política dentro de la conducción nacional. Una situación que plantea interrogantes sobre los criterios utilizados para seleccionar a los funcionarios y la relación entre quienes promovieron denuncias y quienes posteriormente fueron incorporados a la gestión.
En efecto, la intervención federal comenzó el 22 de enero de 2026, cuando la ANPYN desplazó a las autoridades provinciales. Desde entonces, la administración nacional quedó envuelta en controversias vinculadas con el manejo de fondos, las contrataciones, el desplazamiento de trabajadores y las restricciones al acceso a la información pública.
En ese contexto, la incorporación de Avellaneda adquiere una dimensión que excede una simple designación administrativa. Su participación previa como denunciante y su actual condición de funcionario representan dos momentos de un mismo proceso institucional.
Por lo tanto, resulta necesario conocer cómo se produjo su incorporación, quién propuso su designación, cuáles fueron los antecedentes considerados y bajo qué condiciones económicas desempeña sus funciones.
Tres cargos políticos para administrar el puerto intervenido
Por otra parte, la nueva nómina identifica a Fernando Polizzi como coordinador general de la Unidad Puerto de Ushuaia, mientras que Avellaneda tiene asignada la Dirección de Operaciones y Servicios Portuarios y Cabrera la Dirección de Planificación Estratégica.
Así, los tres aparecen incorporados a la estructura de autoridades de la AGP, una sociedad estatal cuya disolución y posterior liquidación fueron dispuestas mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 3/2025.
Pese a ello, el organismo continúa desarrollando funciones administrativas, financieras y operativas por cuenta y orden de la ANPYN, incluyendo tareas relacionadas con la intervención del Puerto de Ushuaia.
Precisamente, la Resolución 136/2026 reconoce que la AGP mantiene responsabilidades vinculadas con la administración provisional de la terminal fueguina y justifica su reorganización en la necesidad de garantizar la continuidad de esas funciones.
Además, establece que los cambios organizativos no implicarán erogaciones presupuestarias adicionales. Sin embargo, la documentación difundida no detalla las remuneraciones de Polizzi, Avellaneda y Cabrera ni las modalidades bajo las cuales fueron incorporados.
Esta ausencia de información adquiere relevancia frente a los cuestionamientos que enfrenta la intervención por la administración de los recursos portuarios y las dificultades para acceder a los detalles de sus contrataciones.
En consecuencia, conocer los actos de designación, las remuneraciones y las responsabilidades concretas de los tres funcionarios constituye una cuestión de interés público, especialmente cuando la intervención justificó el desplazamiento de las autoridades provinciales en presuntas deficiencias administrativas.
Finalmente, el caso de Avellaneda deja planteado un interrogante que la conducción nacional debería responder: cómo se produjo el paso de denunciante de la administración provincial a funcionario de la estructura nacional que terminó haciéndose cargo del puerto.
Porque, más allá de los cambios de organigrama, existe un hecho concreto: quien denunció al Puerto de Ushuaia ante la ANPYN ahora integra la conducción del puerto intervenido por el Gobierno de Javier Milei.
Este medio se contactó con Juan Avellaneda para reflejar su opinión sobre su nombramiento como funcionario de la Libertad Avanza luego de haber denunciado presuntos desvíos de fondos, pero el actual funcionario de la ANPYN no respondió a la consulta.
