Una denuncia por presuntos malos tratos dentro del sector femenino de la Unidad de Detención N.º 1 de Río Grande derivó en una investigación judicial y una serie de medidas que profundizaron las diferencias entre el Poder Judicial y el Servicio Penitenciario. El conflicto tomó mayor dimensión luego de que tres internas, entre ellas la mujer que presentó la acusación, fueran trasladadas a Ushuaia pese a que existía un pedido judicial de protección. La investigación comenzó a partir de la presentación realizada por Susana Ancalipe, quien denunció situaciones de maltrato y cuestionó determinadas decisiones adoptadas por la oficial Maldonado, responsable del área donde permanecen alojadas las mujeres privadas de su libertad. Según lo expuesto, las conductas denunciadas habrían generado dificultades en la convivencia cotidiana dentro del establecimiento. A raíz de esta presentación, la jueza de Instrucción N.º 3, Cecilia Cataldo, dispuso una serie de actuaciones solicitadas por el fiscal Ariel Pinno. Durante la tarde del miércoles, personal judicial intervino en las instalaciones penitenciarias y procedió al secuestro de libros y documentación administrativa que podrían aportar elementos para esclarecer los hechos denunciados. Sin embargo, el procedimiento tuvo una consecuencia que abrió un nuevo frente de conflicto. Horas después de la intervención judicial, las autoridades penitenciarias resolvieron trasladar a Ancalipe y a otras dos mujeres detenidas desde Río Grande hacia un establecimiento de Ushuaia. La decisión generó cuestionamientos debido a que desde la Justicia se había requerido expresamente adoptar medidas para resguardar a las denunciantes mientras avanzaba la investigación. Aunque la determinación del lugar de alojamiento forma parte de las atribuciones del Servicio Penitenciario, el traslado se concretó en medio de ese pedido de protección. El episodio plantea interrogantes sobre las condiciones de detención de las mujeres en Río Grande y sobre el cumplimiento de las disposiciones judiciales destinadas a garantizar su integridad. Mientras continúa la investigación sobre las acusaciones contra la funcionaria penitenciaria, resta establecer cuáles fueron los fundamentos del traslado y si la medida resulta compatible con las garantías solicitadas por la Justicia.
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Denuncian malos tratos en la cárcel de Río Grande y trasladan a tres internas a Ushuaia tras una intervención judicial
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