El escrito habla de “incumplimientos reiterados de la normativa ambiental vigente” y de un “maltrato sistemático” hacia integrantes de la dotación durante la Campaña Antártica 2025.
Una denuncia interna por presuntas prácticas ambientales prohibidas y malos tratos al personal activó una investigación en Base Antártica Petrel, un enclave clave del despliegue logístico de Argentina en la Antártida. La pesquisa está a cargo del Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR), comandado por Maximiliano Mangiaterra.
Según medios argentinos, la presentación formal fue realizada por Amílcar Acosta —segundo jefe de la base— mediante un memorando fechado el 10 de enero, en el que se atribuyen las irregularidades al jefe de la instalación, Cristian De Gregori. El escrito habla de “incumplimientos reiterados de la normativa ambiental vigente” y de un “maltrato sistemático” hacia integrantes de la dotación durante la Campaña Antártica 2025, de acuerdo con las versiones publicadas.
El punto más delicado es el eventual impacto ambiental: la denuncia describe órdenes verbales para eliminar remanentes de combustibles (JP1, nafta, gasoil) y aceites lubricantes mediante vertido y quema en una batea metálica, además de incineración no controlada de residuos sólidos (incluyendo plásticos, goma y otros materiales). De confirmarse, esas conductas chocarían con los estándares del sistema del Tratado Antártico, que restringen de forma estricta la eliminación local de residuos y exigen la remoción del material peligroso fuera del continente.
La investigación ocurre mientras el Estado argentino impulsa la modernización del enclave como plataforma multimodal —con mejoras de infraestructura y operaciones aéreas— para ampliar capacidades de acceso y abastecimiento en la región norte de la península. Esa proyección, destacada en documentos de evaluación ambiental del propio sistema antártico y en reportes de la prensa especializada, eleva el costo reputacional de cualquier incumplimiento ambiental.
Hasta el momento, no se conocía públicamente una resolución oficial sobre responsabilidades o sanciones. La pesquisa deberá determinar si existieron prácticas efectivas de disposición irregular de residuos, fallas de procedimiento, o un conflicto de conducción en un entorno de aislamiento extremo.
