María José Pazos, representante de familias con personas con discapacidad en Tierra del Fuego, expresó su preocupación ante la crítica situación que enfrentan. “Estamos viviendo una situación de mucha angustia, que va más allá del malestar. La angustia de no poder seguir cubriendo terapias y tratamientos médicos debido a la falta de profesionales es abrumadora”, afirmó en AIRE LIBRE FM.
Pazos explicó que la provincia no está cumpliendo con la Ley Nacional 24.901, que garantiza prestaciones básicas en discapacidad. “No solo se incumple con los beneficiarios del Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE), sino también con más de 4.000 personas con certificado de discapacidad en nuestra provincia, quienes tienen un acceso limitado a lo que esta ley asegura”, subrayó.
La representante también mencionó los recortes en la cobertura de pañales y el acceso a medicamentos, lo que agrava la situación. “La verdad es que es muy crítica”, indicó. Además, destacó que a nivel nacional se está reclamando la actualización del nomenclador, y se refirió a la reciente votación de una ley de emergencia en discapacidad que fue vetada por la Presidencia de la Nación, lo que provocó una manifestación reprimida en Buenos Aires.
“Imagínense a personas con discapacidades, muchos en silla de ruedas, siendo reprimidos por la Policía. Si no podemos ver a quienes más necesitan del Estado como seres humanos, hemos perdido como sociedad”, lamentó Pazos.
El próximo lunes, las familias se manifestarán en la legislatura provincial para exigir respuestas. “Hemos enviado notas y tratado de comunicarnos con legisladores y funcionarios, pero no hemos recibido respuestas. Necesitamos un pedido de informe sobre cuántas pensiones RUPE se están pagando y qué cobertura se está brindando”, explicó.
Pazos también criticó la diferencia en las remuneraciones de profesionales que trabajan con personas con discapacidad. “Un acompañante terapéutico cobra alrededor de 5.300 pesos la hora, mientras que la hora de limpieza o planchado supera los 8.000 pesos en Ushuaia. Esto es un destrato hacia los profesionales y una burla hacia las familias que costeamos el 60% del tratamiento”.
Finalmente, advirtió sobre el riesgo de que estos recortes se extiendan en Tierra del Fuego. “Estamos viviendo un ajuste que se está ejecutando hace tiempo. Muchas familias estamos en lista de espera para tratamientos que no se están brindando. El Estado no nos garantiza derechos básicos como salud, educación y vida digna”, concluyó.
() Aire Libre FM 96.3:
