Los empleados de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) volvieron a manifestarse esta semana en el acceso a la terminal, intervenida por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) desde enero. El reclamo suma tensión con el sector privado: días atrás, la Cámara de Turismo rechazó reunirse con los trabajadores, que siguen desplazados de sus puestos.
Consultado por esa negativa, el dirigente gremial respondió que se trata de una postura “política”. Aunque en un primer momento dijo no saber si esa posición favorecía a La Libertad Avanza, ante la insistencia sobre si sospechaba que las cámaras operaban para el oficialismo nacional, fue terminante: “Por supuesto, porque no se lo ve”. Además, deslizó una referencia a los vínculos políticos del presidente de la Cámara de Turismo, Patricio Cornejo.
Para Córdoba, las empresas que viven de la actividad portuaria deberían estar del lado de los trabajadores. “Hoy tenemos más de 600 barcos acá, en Tierra del Fuego, en pleno verano. ¿Y a quién les sirve? Al turismo. Bien, entonces defendamos las fuentes de laburo”, planteó. Y afirmó que la ampliación del muelle se financió con fondos de los estatales: “El alargue del muelle fue plata pura y exclusivamente de los trabajadores estatales que les prestamos al puerto para que se pueda alargar”.
Su propuesta es sumar a todos los sectores. “No estoy diciendo, che, vamos a hacerle caso a aquel. No, no, no, vamos a ver entre todos. Vamos a pedir reunión entre todos. Vamos a intentar solucionar todo esto”, sostuvo.
La preocupación se acentúa porque los fondos con los que la DPP paga los salarios del personal desplazado alcanzarían solo hasta abril. “Los compañeros ya están cansadísimos de estar así, de estar cobrando el sueldo y no saber cuál va a ser su futuro realmente sobre la situación laboral”, advirtió.
El dirigente contó que también se reunió con legisladores nacionales de La Libertad Avanza y con Fernando Polizzi, máxima autoridad local de la intervención, quien, según su relato, condicionó la reincorporación de personal. “Me dice, yo necesito incorporar cuatro compañeros y ver cómo se portan, a ver qué actitud toman. Che, tienen 22 años de servicio, la mayoría de los compañeros”, contó.
Córdoba se refirió además al rol de Juan Avellaneda, referente de la Unión Personal Superior Ferroviario que denunció a la DPP antes de la intervención y quedó a cargo de la operación del puerto. “Juan Avellaneda es el denunciante y hoy es premiado. Yo por denunciar me metieron casi tres meses en el calabozo”, dijo. El gremialista fue condenado en mayo a cinco años de prisión como coautor de 22 hechos de estafa vinculados al plan habitacional 128 Viviendas ATE. En agosto, el Superior Tribunal de Justicia revocó su prisión preventiva porque la condena no está firme, y su defensa la recurrió.
Para el puerto, Córdoba reclamó una salida rápida. “Que termine la intervención federal o que se intervenga en lo administrativo y el resto que sigan trabajando como corresponde”, concluyó.
