En el Juzgado Federal se radicó una denuncia penal contra tres integrantes de la administración de este organismo: Santiago ‘Paqui’ Barrientos’, Segundo Santana y Ezequiel Proc. La abogada Adriana Varisco, quien representa al denunciante, lo anticipó en AIRE LIBRE FM. Además, acusó al Veedor designado por el INAES porque supuestamente no controló fehacientemente en la auditoría que hizo. Se negó a brindar el nombre del denunciante. Pidieron la interveción de la Cooperativa, pero aún no hay resolución judicial.
El INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), es la entidad encargada de aplicar las leyes de cooperativas y mutuales, y tiene la responsabilidad de fomentar y fiscalizar estas organizaciones.
La doctora Varisco señaló: “La denuncia, impulsada por un particular, señala una serie de irregularidades en el funcionamiento de la Cooperativa Eléctrica y cuestiona la labor del veedor designado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)”, comenzó explicando la letrada.
Explicó que la denuncia, que abarca más de 30 páginas, incluye acusaciones de delitos como defraudación, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles en el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de los deberes del funcionario y, potencialmente, asociación ilícita dentro de la Cooperativa. En total, tres personas que ocupan cargos en la gerencia han sido denunciadas, aunque la abogada no descartó la posibilidad de que otros individuos también estén involucrados”.
La entrevistada destacó que esta denuncia no surge de un capricho del denunciante, “sino que se basa en un expediente que proviene del INAES, el cual había designado un veedor para investigar las irregularidades en la cooperativa. Desde el 13 de enero, el veedor debía recabar información sobre el manejo de fondos, contrataciones y balances”, pero, según Varisco, no cumplió con su deber, lo que llevó a la presentación de la denuncia. “El veedor no brindó la información requerida en el marco del expediente administrativo, lo que pone en duda su actuación”, afirmó entrevistada. La falta de respuesta del veedor, quien debía presentar un informe en un plazo de 90 días, es uno de los motivos que fundamentan la denuncia penal.
La abogada también mencionó que, debido a la gravedad de las acusaciones, es probable que se solicite a la justicia federal la intervención del INAES para designar un interventor judicial que aclare la situación y brinde transparencia a los hechos denunciados. “Una vez que el INAES lo solicite, la intervención podría ser inminente, con una resolución que podría salir en 48 a 72 horas”, explicó. Varisco subrayó que las irregularidades denunciadas no solo apuntan a una mala administración, sino también a un posible beneficio personal por parte de los gerentes de la institución. “La cooperativa se creó con fines sociales, y si los fondos se manejan en beneficio propio, se pierde el sentido de su existencia”, advirtió.
Durante la entrevista, se reveló que el denunciante, un ex empleado de dicha cooperativa, decidió mantener su identidad en reserva por razones de seguridad. “Es una persona mayor que ha estado dentro de la Cooperativa durante muchos años y prefirió no exponer su nombre”, indicó Varisco, lo que resulta muy extraño ya que su nombre figura en la denuncia.
La abogada también aclaró que, aunque la denuncia se centra en las tres personas denunciadas, la investigación podría ampliar el alcance si se determina que el veedor no cumplió con sus funciones adecuadamente. “Es probable que, al avanzar la investigación, se pueda ampliar la denuncia contra el veedor por mal funcionamiento en su deber”, agregó.
La abogada Adriana Varisco concluyó la entrevista enfatizando la importancia de “esclarecer estos hechos y garantizar que los fondos de la cooperativa se utilicen en beneficio de la comunidad. Es fundamental que se investigue a fondo y se tomen las medidas necesarias para restablecer la confianza en la cooperativa”, finalizó.
