El DNU 70/2023 dispuso que "la provisión de facilidades de los sistemas satelitales de comunicaciones será libre", con un registro "al solo efecto de coordinar el uso de las frecuencias radioeléctricas y evitar interferencias". Con el artículo 330, sustituyó el artículo 34 de la Ley 27.078, que antes exigía autorización para operar. Fuente: Clarín y NewsDigitales.
Hoy, jueves 15, la oposición pretende rechazar el decreto completo en una sesión especial de Diputados. Hacen falta 129 presentes para el quórum y, según Clarín y TN, el oficialismo apuesta a que no se alcance. Si el decreto cayera, NewsDigitales advierte que se reabriría la discusión sobre las condiciones de autorización para operar.
Para el oficialismo, el servicio está en juego. El economista Adrián Ravier sostuvo que "hoy 750.000 argentinos tienen Starlink" y que son campos, escuelas rurales, hogares y empresas antes desconectados. Esa cifra no tiene respaldo oficial: ENACOM contabilizaba 148.000 accesos satelitales a comienzos de 2025, según iProfesional.
En Tierra del Fuego, el tema no es abstracto. La legisladora Gisela Dos Santos destacó en mayo un convenio para llevar internet satelital Starlink a 150 escuelas de la provincia, con control de la Legislatura sobre el cumplimiento y la calidad, sobre todo en Tolhuin. Además, la isla es el último punto de la red federal de fibra de ARSAT, y en 2022 un funcionario provincial reconocía que Telefónica era el único proveedor mayorista de datos.
El caso de Educación en Ushuaia muestra la otra cara. Las oficinas del ministerio en las 60 Viviendas, donde trabajan unas 200 personas, llevan sin internet desde el 28 de septiembre. Gran parte del personal trabaja desde su casa con su propia conexión, y según Del Fuego Noticias la última factura que pagó la Provincia es de mayo. No es un problema de tecnología, sino de que el Estado provincial no paga lo básico.
El debate de fondo es si la conectividad de una provincia aislada se resuelve con más Estado o con más libertad para operar. Con la competencia, las escuelas y las familias fueguinas ganan más opciones, y los resultados dependen de qué marco legal quede en pie.
