Un informe de la Fundación Libertad sobre 76 ciudades del país revela un dato que duele: el costo promedio de cada legislador local es de $259 millones al año (millones de pesos). El total del presupuesto analizado asciende a $335.240 millones (millones de pesos) y los Concejos concentran, en promedio, el 3,26% del gasto municipal.
En Tierra del Fuego la foto es contundente: Ushuaia aparece en el top five con un costo de $907 millones por concejal (millones de pesos), y además lidera el ranking de gasto por habitante con $114.075 por residente (pesos por habitante). Río Grande, por su parte, figura con un gasto de $80.142 por habitante (pesos por habitante).
Sin embargo, ese dinero no se traduce en mejoras palpables. El informe señala que gran parte de los recursos —en los 56 municipios donde hay datos— se destinan a sueldos: en promedio el 85% del presupuesto de los Concejos va a remuneraciones; en 29 municipios supera el 90%, y en casos extremos llega al 99%.
La consecuencia es obvia: estructuras sobredimensionadas, personal abundante y escasa inversión en obras y servicios. En total, los Concejos relevados emplean 9.931 trabajadores para 801 concejales, un promedio de 12,4 empleados por edil. Posadas, por ejemplo, registra 1.585 empleados para 13 concejales (aprox. 122 empleados por edil).
Frente a esta realidad, el argumento técnico del informe es claro: existe un margen importante para mejorar eficiencia. Pero en la práctica local la discusión suele quedar en cifras y discursos mientras los barrios siguen sin cloacas, con baches, y con servicios públicos deficitarios.
La crítica que surge desde la calle y desde organizaciones ciudadanas es dura: ¿para qué sirven concejos que consumen recursos millonarios si no generan obras ni una fiscalización efectiva? En una provincia con costos de vida altos como Tierra del Fuego, mantener Concejos caros y administrativos sobredimensionados termina siendo un lujo que pagan los vecinos.
Exigimos transparencia: auditorías públicas, rendición clara de cuentas sobre qué se paga y por qué, prioridades presupuestarias que prioricen obras y servicios, y metas concretas para medir la labor legislativa local. Si no hay resultados medibles, el reclamo debe ser simple y directo: menos gasto político y más inversión real para Ushuaia y Río Grande.
