Tras el pico histórico de rescates en montaña de la temporada 2023/2024, miembros de la Comisión de Auxilio de de la provincia analizaron para la fundación FINNOVA el financiamiento de los operativos, el estancamiento del seguro obligatorio y los modelos internacionales que evalúan como referencia.
La temporada 2023/2024 marcó el pico histórico de rescates en zonas agrestes de Tierra del Fuego AIAS: 93 operativos y 117 personas asistidas. Para conocer la perspectiva del organismo que coordina esos operativos, FINNOVA conversó con miembros de la Comisión de Auxilio sobre las causas del aumento, el financiamiento de los rescates y el estado del debate normativo en torno al seguro obligatorio.
Un aumento que la Comisión asocia a la pospandemia
Consultados sobre a qué atribuyen el crecimiento sostenido de los rescates, desde la Comisión de Auxilio lo relacionaron directamente con los efectos de la pandemia: “está relacionada estrictamente a que post pandemia la gente empezó a hacer muchas actividades que antes no hacía”. Según explicaron, ese salto hacia la actividad al aire libre trajo también más casos de negligencia: “tuvimos muchos casos de negligencia en operativos de gente que antes no hacía la actividad y se sumó a hacer la actividad”.
El costo de los operativos, a cargo del Estado y de voluntarios
Sobre quién afronta el gasto de los operativos, la Comisión fue clara: “el costo de los operativos lo absorbe mayormente el Estado […] el costo es todo absorbido por el Estado y la voluntad de la gente que tenemos nosotros es voluntaria”. Precisaron además que los costos de los operativos con helicóptero tampoco suelen recuperarse: “los costos de helicóptero, la mayoría no se abuelan a ningún operativo de helicóptero a no ser que pase por algún seguro que son los mínimos”.
Dos leyes de seguro obligatorio que no se implementaron
La Ley 1538, sancionada en 2023, estableció el seguro obligatorio para actividades en zonas agrestes; el proyecto Lapadula, de 2026, va en la misma dirección. Ninguna de las dos iniciativas terminó de aplicarse. Según la Comisión, la resistencia vino de varios frentes: “en general hubo mucha resistencia por la sociedad en esas cuestiones. Hay mucha incertidumbre de quién va a recuperar esos fondos, a dónde va a ir y cómo van a ser destinados a la Comisión de Auxilio”. Sobre la oposición del sector montañista al seguro obligatorio, explicaron que el temor pasa por el acceso: “si los costos del seguro son muy elevados, va a ser limitante […] entonces el acceso a la montaña estaría más restringido para las clases bajas”. Sobre el proyecto Lapadula en particular, señalaron que uno de sus artículos proponía privatizar sendas de libre acceso, lo que restó apoyo a la iniciativa: “no tuvo mucho repercusión y no tuvo aceptación en la gente que hace la actividad y en los clubes por el tema de privatizar algunas sendas que en realidad son de libre acceso”.
Modelos de otros países: cobro por negligencia o abono a un club
Consultados sobre experiencias internacionales, la Comisión describió dos esquemas distintos. En España y Francia, dijeron, “actúan con un cobro por negligencia después de que se comprueba la negligencia en algunos casos […] no es un cobro obligatorio para toda la gente, si se comprueba que el operativo es costoso y hubo negligencia por parte de la persona, se tiene que hacer cargo al 100%”. En otros países, en cambio, el esquema pasa por la afiliación: “la gente que hace esta actividad se tiene que asociar a un club […] con un abono anual que esto cubriría en caso de que tenga alguna situación en zona agreste”.
Una comisión de más de 12 instituciones, sin roles obligatorios
La Comisión de Auxilio está integrada por más de 12 o 13 instituciones de nivel nacional, provincial y municipal, además de clubes y asociaciones civiles, bajo un protocolo vigente desde 2008. El aporte de cada institución se define operativo por operativo: “los roles no son obligatorios, digamos que cualquier institución con el recurso que cuenta en el momento puede aportar, tanto en comunicaciones, en gente para salir a caminar o material que se necesite para el rescate”. Sobre la toma de decisiones, remarcaron el carácter colectivo del organismo: “las responsabilidades son compartidas porque cada uno tiene su referente y todas las decisiones se toman en común”.
Prevención: cartelería que se rompe y un registro digital que no se pudo implementar
Entre las medidas de prevención evaluadas, la Comisión mencionó un proyecto de registro digital para quienes practican actividades de montaña, que finalmente no logró implementarse: “un registro digital de gente que hace la actividad con una aplicación gratuita […] a través del teléfono puedes llenar una planilla con una declaración jurada […] y eso queda archivado en caso de que te pase algo”. Sobre la cartelería en los senderos, señalaron un problema recurrente de mantenimiento: “tenemos muchas veces el caso de poner carteles, postes y todo, y van la semana siguiente y las cosas rotas”. Consultados sobre si debería exigirse guía habilitado para salir a la montaña, la postura fue en contra de la obligatoriedad: “yo personalmente considero que tampoco tiene que ser obligatorio, sí que las personas puedan tener información para ser criteriosos al momento de meterse en uno o en otro lugar”.
