Según trascendió en medios nacionales, el operativo demandó más de 300.000 dólares e incluyó el despliegue de más de 300 efectivos de fuerzas federales, además de logística aérea con aviones de la Fuerza Aérea. Todo ese despliegue se llevó adelante para respaldar un acto que reunió apenas a un puñado de simpatizantes.
Si bien la seguridad presidencial es una obligación del Estado, el hecho de que se combine con actividades de campaña genera cuestionamientos sobre los límites entre el resguardo institucional y la utilización de fondos que pertenecen a todos los argentinos para beneficio partidario.
La jornada estuvo atravesada por protestas y un clima de tensión, que evidenció tanto el respaldo de sectores afines como el rechazo de quienes ven en esta visita un ejemplo de privilegio político financiado con dinero público.
El debate queda abierto: ¿seguridad presidencial o ventaja electoral a costa de las arcas del Estado?
