El planteo de la mayoría de los bloques en comisiones fue promover un Régimen Penal Juvenil que criminalice a los adolescentes desde los 14 años.
El Gobierno -junto con sus aliados- volvió a empujar la agenda de seguridad en la Cámara de Diputados. Luego de la sanción de dos leyes de reforma del Código Penal y Procesal Penal en sesiones extraordinarias (ley Antimafias y reformas de reiterancia y reincidencia), el oficialismo retomó el debate del Régimen Penal Juvenil anunciado por Javier Milei en la apertura de sesiones del Congreso y avanzan acuerdos para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años.
El encuentro fue de calidad informativa y desde el oficialismo le aseguraron a Ámbito que habrá una nueva convocatoria en marzo: «Esto va a seguir avanzando».
La centralidad del debate, que se dio en un plenario de miembros de cuatro comisiones (Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda, Justicia y Familia y Niñez), se encuentra en torno a la edad de imputabilidad. Confluyen tres posturas: la del Gobierno nacional, que propuso bajarla a los 13 años, la de un amplio espectro de aliados oficialistas y otros bloques, que consensuan establecerlo en los 14 años, y la de la oposición peronista y del Frente de Izquierda, que quieren conservarla en los 16 años. En torno a esa discusión se establecerá el dictamen de mayoría, aunque no existe claridad entre los parlamentarios sobre cuánto tiempo tendrán los distritos para adecuarse a la ley.
La postura unánime de todos los bloques apunta a la necesidad de reformar el actual Régimen Penal de Minoridad (Ley 22.278), implementada por decreto en 1980 durante la presidencia de facto de Jorge Videla. También la mayoría de los proyectos piden fortalecer los programas socioeducativos en los centros cerrados de jóvenes, desplegar instancias intermedias a la reclusión como métodos de sanción e invertir en la construcción de infraestructura para los adolescentes.
