Vecinos Autoconvocados por el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH) presentaron un ultimátum al gobernador Gustavo Melella para exigir respuestas sobre los legajos, las entregas de viviendas postergadas y los procesos de adjudicación.
El grupo informó que se movilizó en Ushuaia y Río Grande para reclamar el cumplimiento del derecho constitucional a una vivienda digna y confirmó que obtuvo un compromiso oficial para reunirse con las autoridades del organismo.
“Las familias unidas dijimos basta y conseguimos un compromiso oficial. Dimos un paso firme en toda la provincia para exigir el respeto a nuestro derecho constitucional a una vivienda digna. La paciencia se agotó, nos movilizamos en las dos ciudades y la firmeza de nuestro reclamo dio resultados inmediatos. La lucha se hace escuchar”, expresaron.
En Ushuaia, los vecinos se concentraron frente a la Casa de Gobierno y entregaron formalmente el ultimátum por Mesa de Entradas dirigido a Melella. Mientras que en Río Grande, acudieron a las dependencias del IPVyH para enviar el documento y solicitar una audiencia urgente.
Según informaron, la presentación realizada en Río Grande quedó registrada mediante un acta oficial firmada por la Secretaría Privada de la Presidencia del IPVyH, en la que también se dejó constancia del compromiso de realizar un encuentro presencial el martes 3 de noviembre a las 11.
Durante esa reunión, los autoconvocados buscarán obtener respuestas concretas y plazos definidos sobre el estado de sus legajos y las entregas de viviendas pendientes. También exigirán transparencia en los padrones y en los procesos de adjudicación.
“Queremos claridad en los listados. El tiempo de las evasivas y las promesas verbales se terminó; ahora todo queda asentado por escrito”, manifestaron.
Finalmente, los vecinos aseguraron que se mantendrán en estado de alerta y movilizados hasta el encuentro con las autoridades, con el objetivo de que se cumplan los compromisos asumidos.
“La única lucha que se pierde es la que se abandona. La vivienda digna es un derecho, no un privilegio”, concluyeron.
