Las fiscalías de ambos países alertaron sobre el crecimiento de estructuras criminales que operan a ambos lados de la frontera.
La expansión del crimen organizado en el extremo sur de Chile y Argentina encendió una nueva señal de alerta entre las autoridades judiciales de ambos países. Fiscales de Magallanes y Río Gallegos coincidieron en que las bandas que operan en la región ya no pueden ser analizadas dentro de los límites de cada jurisdicción, debido a la facilidad con la que trasladan mercadería, dinero y otros recursos a través de la frontera.
El diagnóstico fue planteado durante una jornada temática de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Chile, realizada en Punta Arenas, donde participaron el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, y el fiscal federal de Río Gallegos, Julio César Zárate. Ambos describieron una estructura delictiva que aprovecha las características geográficas de la Patagonia y que, en algunos casos, puede extender sus conexiones más allá del continente.
Crisosto explicó que una de las principales dificultades está relacionada con las características del límite entre ambos países. En amplios sectores no existen accidentes geográficos que funcionen como barreras naturales, lo que facilita los desplazamientos fuera de los pasos fronterizos habilitados.
Según el funcionario, esa situación es aprovechada para el traslado de cigarrillos de contrabando, drogas y armas. Del lado argentino, Zárate señaló que algunas organizaciones incluso adquieren establecimientos rurales con el objetivo de disponer de puntos estratégicos para las operaciones y los cruces hacia territorio chileno.
La logística utilizada por estas estructuras puede incluir camiones de carga escoltados, sistemas de comunicación satelital y mecanismos destinados a mover dinero mediante billeteras virtuales y casas de cambio. El objetivo final, según el planteo de los fiscales, es incorporar las ganancias ilegales al circuito económico mediante operaciones de lavado de activos.
Uno de los aspectos que más preocupación genera es la posible conexión entre el contrabando de cigarrillos y el narcotráfico. Las autoridades sostienen que los ingresos obtenidos por una actividad pueden terminar financiando otras operaciones de mayor escala.
Durante 2025, en Magallanes fueron secuestradas más de 600.000 cajetillas de cigarrillos. Además, existen más de 120 vehículos vinculados a investigaciones por narcotráfico y contrabando, entre ellos automóviles de alta gama.
Para Crisosto, el desafío no consiste únicamente en detener a quienes integran las organizaciones. También resulta necesario avanzar sobre los bienes y recursos utilizados para sostener las estructuras, debido a que los principales responsables pueden ser reemplazados con rapidez.
En ese sentido, Zárate resumió la problemática con una advertencia: «La velocidad del delito es mucho mayor que la velocidad del Estado». Por eso reclamó mecanismos que permitan acelerar el intercambio de información e inteligencia entre Argentina y Chile.
La preocupación también se extiende a los puertos y las rutas marítimas. El tránsito de embarcaciones por el estrecho de Magallanes aumentó considerablemente durante los últimos años y las autoridades admiten que existen dificultades legales para intervenir determinadas naves cuando no existen denuncias o indicios previos.
Desde la autoridad marítima chilena, sin embargo, remarcaron que no se detectaron hasta ahora organizaciones dedicadas al traslado de grandes cargamentos de droga hacia mercados internacionales utilizando esas rutas. Como antecedente de los controles, se mencionó el secuestro de 56.000 cajetillas de cigarrillos en una embarcación en el sector de Bahía Azul, en Tierra del Fuego.
Las cárceles también fueron incluidas entre los puntos sensibles. Magallanes mantiene alrededor de 625 personas privadas de libertad y las autoridades advirtieron que los establecimientos penitenciarios pueden convertirse en espacios de organización y expansión de estructuras criminales.
Otro dato que llamó la atención fue el fuerte incremento de los delitos relacionados con la Ley de Armas, que aumentaron más de un 200% entre 2023 y 2026.
El planteo central de la jornada fue claro: el crimen organizado que opera en el extremo sur requiere una respuesta conjunta de Argentina y Chile. Para las fiscalías, las organizaciones ya trabajan con una lógica transfronteriza y aprovechan en tiempo real las diferencias de controles, jurisdicciones y capacidades estatales.
Con información de La Prensa Austral, editada y redactada por un periodista de ADNSUR
