Desde que asumió Javier Milei, la economía argentina atraviesa un proceso sostenido de destrucción del entramado productivo, del empleo y del poder adquisitivo. No se trata de percepciones ni de consignas políticas, son datos oficiales. Según el informe “Análisis de la dinámica laboral y empresarial”, elaborado en base a información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 desaparecieron 20.134 empleadores, lo que equivale a 30 empresas por día. En el mismo período, se perdieron 280.984 puestos de trabajo registrados, es decir, más de 419 empleos formales por día.
Este es el contexto real en el que debe analizarse la decisión del Gobierno nacional de avanzar hacia el arancel cero para la importación de teléfonos celulares. No es una medida aislada ni técnica, es la profundización de un modelo destruye empleo, debilita la producción nacional y erosiona el tejido empresarial, especialmente en las provincias productoras como la nuestra.
En Tierra del Fuego, el impacto es directo y devastador. Unas 8.500 personas trabajan de manera directa y otras 7.300 de forma indirecta. El sector industrial de la provincia produce el 94% de los equipos de aire acondicionado, televisores, microondas y teléfonos celulares del país.
De acuerdo con el último censo del INDEC, Tierra del Fuego fue la provincia que más creció demográficamente en la Argentina, y también una de las que más creció en empleo privado e industria en las últimas décadas. Ese crecimiento no fue casual, fue el resultado de políticas públicas sostenidas, inversión y una estrategia clara de desarrollo. Tierra del Fuego fue, durante años, una tierra de oportunidades, donde miles de familias llegaron en busca de progreso y lograron construir un proyecto de vida.
Lejos de un esquema estático, la provincia discute de manera permanente cómo mejorar y diversificar su matriz productiva, incorporando valor agregado, tecnología y empleo calificado. Las plantas fueguinas producen bienes de máxima calidad, y ya quedó demostrado que el problema del precio final de los productos no está en la producción en Tierra del Fuego, sino en la cadena de intermediación, logística y comercialización que se extiende desde que los bienes salen de la provincia hasta que llegan a las góndolas. Atacar la industria local no corrige ese problema, lo profundiza.
Sin embargo, los efectos de la apertura ya comenzaron a sentirse. Empresas del sector en Ushuaia y Río Grande anunciaron que no renovarán alrededor de 700 contratos precarios, y la baja de la producción amenaza los puestos de trabajo de más de 6.000 trabajadores formales.
Los datos provinciales confirman la gravedad de la situación. Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, la cantidad de empleadores con trabajadores registrados en Tierra del Fuego cayó de 2.625 a 2.380, una reducción del 9,3%. En el mismo período, el empleo registrado se contrajo en 9.986 puestos (-12,5%), pasando de 79.760 a 69.774 trabajadores. La industria manufacturera fue uno de los sectores más afectados, junto con la construcción y los servicios. El deterioro alcanzó tanto a pequeñas y medianas empresas como a grandes empleadores, mostrando que el ajuste atraviesa todo el sistema productivo.
Para agravar aún más el escenario, la inflación vuelve a acelerarse. El INDEC informó que el IPC de diciembre de 2025 fue del 2,8%, por encima de lo estimado, y que la inflación interanual alcanzó el 31,5%, incrementándose por segunda vez consecutiva respecto del mes anterior. Diciembre cerró incluso por encima del promedio mensual del año. Es decir, no bajan los precios, no se ordena la macroeconomía y se destruye empleo. Desde cualquier ángulo que se lo analice, el plan económico no está funcionando.
La Ley 19.640, sancionada en 1972, fue una decisión estratégica del Estado argentino para poblar, desarrollar e integrar el extremo sur del país, en una región de enorme valor geopolítico y proyección antártica. Gracias a esa política de Estado, Tierra del Fuego creció en población, educación, ciencia, turismo e industria. Reducir todo ese proceso a una planilla de costos es desconocer la lógica del desarrollo y de la soberanía.
Ningún país que aspire a un desarrollo sostenido renuncia deliberadamente a su industria. Basta observar el crecimiento de China en las últimas décadas, estrechamente ligado a una fuerte política de producción e industrialización, o incluso el debate actual en Estados Unidos, donde se impulsan planes para reindustrializar la economía y proteger el empleo local. Si el único criterio fuera el precio, todo el planeta compraría a China y cerraría sus fábricas. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario, las grandes potencias protegen sus sectores estratégicos, porque saben que sin industria no hay empleo, no hay innovación, no hay progreso y por ende, no hay futuro. Argentina, una vez más, parece elegir el camino inverso.
No podemos permitir que, en nombre de un dogma de mercado, se desguace el esfuerzo colectivo de generaciones. Lo que está en juego no es solo el destino de una provincia, sino el modelo de Argentina que queremos construir.
Defendamos, entre todos, el derecho de nuestro pueblo a tener futuro.
* Mario Daniele : Ex Intendente de Ushuaia y Senador Nacional por TDF m/c
