Una llamativa situación quedó expuesta en una presentación judicial realizada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), el organismo responsable de la intervención federal al Puerto de Ushuaia. En una de las causas que enfrenta ante la Justicia, la agencia nacional constituyó domicilio procesal en una dirección particular que aparece vinculada a Edith Pfarr, una de las secretarias del Juzgado Federal de Ushuaia, donde el juez Federico Calvete intervino en cuatro procesos judiciales contra el organismo.
La circunstancia toma especial relevancia por tratarse de una dirección asociada a una integrante de la estructura judicial que interviene en demandas contra la intervención federal al puerto fueguino.
En efecto, en el expediente FCR 9499/2026, correspondiente al amparo sindical iniciado por Daniela María Luz Almada y otro contra la ANPYN, las representantes legales del organismo informaron que constituían domicilio procesal en De las Rocas 3377, barrio Bahía Cauquén, de la capital fueguina.
La presentación fue realizada por las abogadas Gisela Romina Díaz y Laura Cecilia Calcagno, quienes comunicaron la dirección en cumplimiento de una intimación formulada durante la audiencia celebrada el 22 de octubre de 2026.
Sin embargo, lo que inicialmente podría considerarse una formalidad procesal adquiere otra dimensión al comprobarse que la dirección elegida coincide con el domicilio particular consignado por Edith Pfarr en el padrón electoral del Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego correspondiente a 2021.
Pfarr aparece identificada como secretaria del Juzgado Federal de Primera Instancia de Ushuaia en antecedentes de personal judicial y en edictos publicados por ese tribunal.
De esta manera, la coincidencia plantea un interrogante concreto: ¿por qué un organismo nacional demandado ante el Juzgado Federal de Ushuaia eligió como domicilio procesal una dirección que se corresponde a una de las secretarias de ese mismo ámbito judicial?
Por otra parte, la presentación fue firmada digitalmente el 23 de octubre de 2026 por la abogada Laura Cecilia Calcagno. En el mismo escrito, la ANPYN insistió en que se resolvieran sus planteos de falta de legitimación pasiva y conexidad, solicitando incluso que las actuaciones fueran remitidas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Es decir, mientras el organismo nacional procuraba discutir aspectos relacionados con la competencia judicial y su participación en el proceso, también comunicaba una dirección procesal asociada, al menos en antecedentes anteriores, a una funcionaria judicial federal de Ushuaia.
Por las implicancias que podría tener el hecho que la parte demanda en el juicio de mayor impacto institucional en la historia de Tierra del Fuego haya fijado domicilio procesal en la dirección particular de una de las secretarias del Juzgado donde se tramitan las demandas, la coincidencia merece, al menos, una explicación institucional que garantice la imparcialidad de partes ante la administración de Justicia Federal.
Cuatro causas contra la ANPYN
El hallazgo identificado por El Diario del Fin del Mundo se produce en un escenario judicial particularmente sensible. Desde que el Gobierno nacional dispuso la intervención federal al Puerto de Ushuaia, el Juzgado Federal a cargo de Federico Calvete tomó intervención en cuatro procesos relacionados con el accionar de la ANPYN.
La primera de esas actuaciones corresponde a la demanda promovida por la Provincia de Tierra del Fuego contra la intervención federal, identificada como expediente FCR 90/2026. Mediante una acción declarativa de inconstitucionalidad, el Gobierno provincial cuestionó la resolución 4/2026 de la ANPYN y reclamó el cese de la intervención. Sin embargo, Calvete se declaró incompetente y dispuso la remisión de las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin resolver la medida cautelar solicitada.
Por otra parte, la Dirección Provincial de Puertos también acudió a la Justicia Federal para solicitar una medida cautelar autónoma destinada a suspender los efectos de la intervención. En ese proceso, además, planteó la recusación sin causa del magistrado. El 19 de febrero, Calvete rechazó la recusación y declinó su competencia, al considerar que la controversia debía ser abordada por la Corte Suprema por su vinculación con el planteo provincial.
Una tercera actuación corresponde al amparo por acceso a la información pública promovido por este medio contra la ANPYN y la Administración General de Puertos (AGP). La demanda, presentada el 19 de junio de 2026, tuvo como objetivo obtener información sobre contrataciones, designaciones, gastos, movimientos de fondos y decisiones operativas relacionadas con la intervención.
Ese expediente estuvo atravesado por cuestionamientos debido a la extensión de los plazos judiciales y al carácter reservado que mantuvieron las actuaciones durante parte de su tramitación. Posteriormente, el juzgado dictó sentencia de primera instancia y dispuso el levantamiento de la reserva, en una causa directamente vinculada con el derecho de acceso a la información pública.
Finalmente, la cuarta actuación corresponde al amparo sindical promovido por Daniela María Luz Almada y otro demandante, identificado como expediente FCR 9499/2026. En ese proceso se discuten medidas relacionadas con los derechos laborales y sindicales de trabajadores portuarios afectados por decisiones de la intervención federal.
Precisamente, fue en esta última causa donde la ANPYN constituyó domicilio procesal en De las Rocas 3377, la dirección que aparece vinculada a Edith Pfarr.
Aunque las cuatro actuaciones tuvieron intervención del Juzgado Federal de Ushuaia, no todas permanecen actualmente bajo su competencia, ya que las demandas promovidas por la Provincia y la Dirección Provincial de Puertos fueron derivadas a la órbita de la Corte Suprema.
Una extraña coincidencia
La situación incorpora un elemento que merece ser esclarecido en el marco de las controversias judiciales que rodean a la intervención federal.
En particular, resulta necesario determinar quién facilitó a la ANPYN la dirección utilizada para constituir domicilio procesal, qué vínculo existe entre las representantes legales del organismo y el inmueble donde la propia Pfarr figura como domicilio particular .
Según pudo consultar EDFM, la constitución de un domicilio procesal en una dirección particular no representa, por sí misma, una irregularidad. Pero, la coincidencia de los domicilios declarados tanto por la ANPYN como por una alta funcionaria judicial del Juzgado donde se tramitan 4 demandas contra el organismo nacional resulta razonable reclamar explicaciones sobre las condiciones en las que se utilizó la dirección.
Más aún cuando se trata de un organismo nacional que enfrenta distintas acciones judiciales por decisiones adoptadas durante una intervención federal cuestionada por autoridades provinciales, trabajadores y particulares.
En consecuencia, la ANPYN tiene pendiente explicar por qué decidió constituir domicilio procesal en una dirección vinculada en antecedentes públicos a una secretaria del Juzgado Federal de Ushuaia.
La pregunta es sencilla: entre todas las direcciones posibles para constituir domicilio procesal en Ushuaia, ¿por qué la ANPYN eligió precisamente una que figura asociada a una integrante del ámbito judicial federal que intervino en cuatro causas contra el organismo?
La respuesta, sí es que existirá, permitiría despejar una coincidencia que, mientras permanezca sin aclaración, seguirá generando interrogantes sobre las relaciones institucionales alrededor de la intervención federal al Puerto de Ushuaia.
