El Ministerio de Salud detectó irregularidades extremas en contrataciones realizadas durante 2025. La causa ya involucra a decenas de personas y la Justicia investiga todo.
Una auditoría realizada por el Ministerio de Salud encendió las alarmas dentro del Estado nacional luego de detectar presuntos sobreprecios millonarios en compras de insumos ortopédicos efectuadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante 2025. El informe técnico reveló diferencias de hasta el 4239% respecto de los valores de mercado y derivó en una investigación judicial que ya involucra a exdirectivos, empresarios y proveedores vinculados entre sí.
La causa, que está bajo la órbita del fiscal Franco Picardi, apunta a un supuesto esquema de corrupción montado alrededor de contrataciones estatales. Según la documentación oficial, existieron maniobras sistemáticas para beneficiar a determinadas firmas mediante procesos licitatorios presuntamente manipulados.
El trabajo de auditoría comparó las facturas abonadas por el Estado con valores de referencia del mercado y encontró diferencias consideradas injustificables por los técnicos del Ministerio. El informe, publicado por La Nación, sostiene que “el análisis de la documentación respaldatoria revela desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores que distorsionan los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto público”.
Entre los casos detectados aparecen compras de sillas de ruedas con incrementos cercanos al 2000%, además de operaciones vinculadas a andadores y prótesis cuyos montos quedaron muy por encima de los precios habituales. Uno de los ejemplos más llamativos fue la adquisición de un andador por una cifra varias veces superior al valor de otro producto de características similares.
Las irregularidades también alcanzaron insumos médicos de alta complejidad. La auditoría remarcó que el 8 de julio de 2025 la ANDIS pagó $425 millones por un sistema de válvulas cardíacas, mientras que meses antes el PAMI había adquirido el mismo producto por apenas $124 millones. Para los especialistas del Ministerio, estas operaciones muestran “desvíos que resultan técnicamente indefendibles” y exponen un patrón repetido de contratación.
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