El Gobernador Gustavo Melella promulgó este viernes la nueva Ley de Acuicultura para Tierra del Fuego, en lo que representa un hito para la ampliación de la matriz productiva a través de una actividad estratégica que permitirá generar empleo local calificado, bajo los más altos estándares de control ambiental. La norma ya fue publicada en el boletín oficial.
La premisa de esta nueva ley es promover el desarrollo sostenible de la acuicultura, priorizando un enfoque ambiental, social y económico, con un énfasis en el cuidado del medio ambiente.
En ese sentido, la normativa se propone convertir a Tierra del Fuego en un referente en la acuicultura sostenible y en equilibrio con el ambiente, la sociedad y la economía local, asegurando que toda expansión del sector se realice de manera armónica y regulada.
Entre los aspectos destacados de la Ley se favorece la innovación y diversificación productiva, fomentando el cultivo de especies nativas o naturalizadas y la incorporación de tecnologías de bajo impacto ambiental, como los Sistemas de Recirculación de Agua (RAS), que garantizan la eficiencia hídrica y minimizan los efluentes.
Asimismo, se establece el fortalecimiento científico e institucional creando el Centro de Desarrollo Pesquero y Acuícola (C.D.P. y A.), que funcionará como eje de investigación aplicada, innovación y transferencia tecnológica.
Vale destacar además que la nueva normativa mantiene y reafirma como pilar fundamental la prohibición de la salmonicultura industrial en el Canal Beagle, tal como lo establecía originalmente la Ley Nº 1355.
Por otra parte, la Ley incorpora instrumentos de control reforzados, entre los que se destacan la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) previa para la planificación territorial y la delimitación de zonas aptas; la obligatoriedad de la Evaluación de Impacto Ambiental (EsIA) y la presentación de una Guía de Aviso de Proyecto (GAP) para cada emprendimiento; la protección prioritaria del recurso hídrico, manteniendo inalterable el uso para consumo humano (Ley Nº 1126); así como la participación ciudadana en los procesos de planificación y control ambiental, en línea con los principios del Acuerdo de Escazú y la Ley Provincial N.º 55, asegurando transparencia y acceso a la información.
La flamante Ley permitirá posicionar a Tierra del Fuego como un polo de desarrollo acuícola competitivo, priorizando además la producción para el consumo interno y fortaleciendo la soberanía alimentaria provincial.
