La Justicia federal de Lomas de Zamora ordenó el allanamiento de las oficinas del director del Penitenciario Federal, Fernando Julián Martínez.
El juez Federico Villena sospecha que el SPF permitió una cartelización en el servicio de alimentación del penal de Ezeiza, utilizando empresas pantalla para evadir sanciones judiciales previas. Esta maniobra habría afectado gravemente la calidad de la comida destinada a los presos.
Durante el operativo, Martínez intentó evitar el secuestro de su celular entregando un equipo viejo y alegando la pérdida del dispositivo habitual. Sin embargo, un informe técnico reveló que la última señal del teléfono perdido fue detectada en una antena de Barracas apenas una hora antes del allanamiento, lo que alimenta la hipótesis de que habría destruido el aparato para ocultar pruebas.
El origen de la causa se remonta a reiteradas denuncias por alimentos en mal estado en el penal de Ezeiza. Peritajes realizados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) confirmaron la presencia de bacterias como Escherichia coli en niveles incompatibles con el consumo humano.
Ante esta situación, el juez Villena ordenó prohibir la continuidad de la empresa Foodrush como proveedora del servicio de alimentación. Sin embargo, la investigación detectó que la firma Bio Limp, que asumió luego la prestación, utilizaba los mismos camiones, los mismos empleados y hasta facturaba millonarias sumas a la empresa sancionada.
Para el juez, estos elementos permiten sostener que Bio Limp funcionaba como una empresa fachada, creada para eludir las restricciones judiciales y mantener intacto el circuito de negocios. En un episodio que generó fuerte impacto, Villena llegó a probar personalmente la comida servida en el penal y sufrió una descompensación.
Fernando Martínez asumió la dirección del Servicio Penitenciario Federal en marzo de 2024, designado por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Durante su gestión, el SPF pasó de depender del Ministerio de Justicia al de Seguridad, en diciembre de 2023, un cambio que también es analizado en el contexto de la causa.
Otro dato que llamó la atención de los investigadores fue que Martínez se movilizaba en una camioneta secuestrada a nombre de Enrique “Quique” Antequera, un referente de la feria La Salada que permanece prófugo de la Justicia, lo que genera más interrogantes sobre posibles nexos con estructuras informales de poder y financiamiento.
Desde el juzgado sostienen que el objetivo es desarticular “mafias enquistadas desde hace muchos años” en el sistema penitenciario federal. La causa avanza mientras se analizan los dispositivos secuestrados, la documentación administrativa y los contratos firmados con las empresas proveedoras.
