Advierten que nuevos impuestos podrían provocar el cierre de más comercios en Río Grande

El presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, José Luis “Gigi” Iglesias, cuestionó el incremento de las obligaciones tributarias en medio de la crisis económica que atraviesa el sector. Alertó sobre las dificultades para afrontar salarios y gastos de funcionamiento, y reclamó medidas que permitan regularizar deudas sin perder el acceso al crédito. La situación del comercio en Río Grande genera una creciente preocupación entre los representantes del sector, que advierten sobre las consecuencias que podrían tener nuevas cargas impositivas en un escenario marcado por la caída de la actividad económica, los elevados costos operativos y las dificultades para mantener los puestos de trabajo. El presidente de la Cámara de Comercio local, José Luis “Gigi” Iglesias, manifestó que muchos establecimientos atraviesan un momento delicado y consideró que cualquier modificación tributaria debería contemplar la capacidad económica real de los contribuyentes. Según advirtió, seguir incrementando las obligaciones podría comprometer la continuidad de numerosos negocios. Durante una entrevista con FM Radio del Pueblo, el dirigente empresarial hizo especial hincapié en los gastos que deben afrontar mensualmente los comerciantes. En ese sentido, aseguró que mantener un empleado de comercio con una jornada de ocho horas representa, según sus cálculos, un desembolso de entre 3,5 y 4 millones de pesos mensuales. A partir de esa situación, Iglesias planteó que los establecimientos comerciales necesitan previsibilidad para organizar sus finanzas y cumplir con sus compromisos. Consideró que los cambios permanentes en materia tributaria dificultan cualquier planificación y terminan afectando a quienes sostienen una actividad económica. Uno de sus principales cuestionamientos estuvo dirigido a la elaboración de los presupuestos públicos. Sostuvo que las administraciones deberían establecer sus compromisos en función de los recursos efectivamente disponibles, en lugar de aprobar gastos que posteriormente obliguen a buscar nuevas fuentes de financiamiento mediante impuestos o contribuciones adicionales. El titular de la Cámara de Comercio mencionó, entre otros ejemplos, las discusiones sobre las tarifas de electricidad y gas, el mantenimiento de edificios públicos y los recursos necesarios para los hospitales. A su entender, estas necesidades deberían formar parte de una planificación anticipada que evite modificar constantemente las condiciones económicas. También reclamó soluciones para los comerciantes que acumularon obligaciones tributarias impagas como consecuencia de las dificultades financieras. Propuso establecer períodos de regularización que les permitan ordenar sus cuentas sin quedar excluidos del sistema crediticio, una situación que puede agravar todavía más los problemas de funcionamiento. En relación con este punto, Iglesias consideró indispensable que existan herramientas concretas de financiamiento. Señaló que las entidades bancarias podrían participar mediante líneas especiales de crédito, aunque aclaró que esas alternativas necesitan respaldo económico para resultar viables. La preocupación del sector también está vinculada con el mercado laboral. El dirigente hizo referencia a un nivel de desempleo cercano al 9% en Río Grande y advirtió que las dificultades económicas de los comercios pueden traducirse en una menor capacidad para sostener trabajadores y generar nuevas oportunidades laborales. Frente a la posibilidad de nuevas obligaciones, Iglesias expresó su rechazo y alertó sobre las consecuencias para los establecimientos que ya enfrentan problemas financieros. “No lo vemos justo, no lo vemos propicio”, manifestó, al advertir que algunos comerciantes podrían verse obligados a cerrar sus puertas. Finalmente, el representante empresarial insistió en la necesidad de establecer reglas económicas estables y políticas que acompañen a quienes desarrollan actividades comerciales. Remarcó que la prioridad debería ser facilitar el cumplimiento de las obligaciones existentes y preservar las fuentes de empleo, antes que incorporar nuevas exigencias que puedan profundizar la crisis del sector.