Advierten que megayates podrían dañar el fondo marino de Bahía Lapataia

La Asociación Manekenk cuestionó la autorización otorgada a la empresa Ushuaia Shipping para operar embarcaciones de lujo en el Parque Nacional Tierra del Fuego. Nancy Fernández advirtió que la actividad podría afectar el fondo marino, la fauna y sectores especialmente protegidos. Además, aseguró que siete especialistas del propio organismo habrían desaconsejado la habilitación y reclamó explicaciones a las autoridades nacionales por permitir actividades que considera contrarias a la legislación vigente. La llegada de megayates de lujo a uno de los sectores naturales más sensibles de Ushuaia abrió una controversia sobre los límites de la actividad turística dentro de las áreas protegidas. La autorización para operar embarcaciones y helicópteros en Bahía Lapataia generó cuestionamientos de organizaciones ambientalistas, que advierten sobre posibles consecuencias para el ecosistema y ponen en duda los criterios utilizados para conceder el permiso. Nancy Fernández, integrante de la Asociación Manekenk, expresó su preocupación por las resoluciones que habilitarían a la empresa Ushuaia Shipping a desarrollar estas operaciones dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego. Durante una entrevista radial, sostuvo que la decisión resulta especialmente cuestionable porque, según la documentación recibida por la organización, existían advertencias técnicas sobre los riesgos de la actividad. La ambientalista consideró que la discusión excede la presencia de embarcaciones de lujo y alcanza directamente a la responsabilidad de las autoridades encargadas de proteger el patrimonio natural. Cuestionan la autorización de helicópteros dentro del Parque Nacional Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la posibilidad de realizar operaciones aéreas en un área protegida, donde existen restricciones específicas para preservar la fauna y las condiciones naturales del lugar. Fernández sostuvo que la legislación de Parques Nacionales establece prohibiciones sobre los sobrevuelos y remarcó que las excepciones están vinculadas con situaciones especiales, como emergencias o tareas de rescate. “El sobrevuelo con cualquier tipo de instrumento piloteado o no piloteado, por ejemplo desde un dron hasta un helicóptero, está prohibido por ley”, afirmó. La representante de Manekenk comparó esta situación con otros parques nacionales argentinos, donde las excursiones turísticas en helicóptero no están permitidas bajo las mismas condiciones que en países vecinos. En ese sentido, cuestionó que se habiliten actividades excepcionales para determinados visitantes cuando existen restricciones que deben cumplir tanto los turistas como los residentes. “Le estamos permitiendo a tres multimillonarios que vengan a recalar a Bahía Lapataia, a mover sus helicópteros en un lugar que está prohibido”, manifestó. Siete especialistas habrían advertido sobre los riesgos ambientales La controversia también involucra los informes técnicos elaborados antes de la autorización. Según Fernández, siete profesionales y especialistas vinculados con el Parque Nacional habrían formulado objeciones a la propuesta por sus posibles consecuencias ambientales. Entre las principales preocupaciones mencionó el impacto del fondeo sobre el lecho marino, especialmente en sectores donde existen bosques de cachiyuyo, además de las alteraciones que podrían provocar el movimiento de helicópteros, las embarcaciones auxiliares y las actividades nocturnas. La ambientalista explicó que Bahía Lapataia se encuentra próxima a sectores de alta sensibilidad ecológica, donde las restricciones de acceso buscan evitar la intervención humana y garantizar la conservación de especies. “Lo que es llamativo es que acá hay algún tipo de presión política”, sostuvo Fernández, al cuestionar que la autorización se hubiera concedido pese a las advertencias de los especialistas. Se trata de una sospecha expresada por la referente ambientalista durante la entrevista, sin que allí se presentaran pruebas que permitieran establecer la existencia de esas presiones. “El problema es del que lo autoriza, no del que pide” Fernández también puso el foco en la responsabilidad de las autoridades nacionales que concedieron el permiso. Aclaró que su cuestionamiento no está dirigido a los propietarios de las embarcaciones por solicitar una autorización, sino a los funcionarios que deben evaluar si esas actividades resultan compatibles con las normas de conservación. “El problema es del que lo autoriza, no del que pide”, expresó. La integrante de Manekenk consideró que este tipo de decisiones genera un precedente preocupante, especialmente cuando se trata de espacios naturales donde existen restricciones para los visitantes habituales. En ese contexto, mencionó que hay sectores del Parque Nacional a los que los residentes no pueden acceder debido a su condición de áreas intangibles, mientras que se permitirían operaciones especiales vinculadas con visitantes de alto poder adquisitivo. “¿Dónde está la regla? ¿Dónde se pone? ¿Dónde se mide? ¿Quién sí y quién no?”, cuestionó. Advierten que este turismo podría dejar pocos beneficios económicos en Ushuaia Otro de los puntos abordados fue el impacto económico de las operaciones de megayates sobre la actividad turística local. Fernández planteó que las embarcaciones de estas características cuentan con servicios propios y que sus pasajeros no necesariamente utilizan la infraestructura comercial de la ciudad. Según su análisis, este modelo turístico podría generar una participación limitada de restaurantes, comercios, guías y prestadores de excursiones de Ushuaia. La ambientalista consideró que existen otros lugares habilitados para el fondeo de embarcaciones en la costa del Canal Beagle y sostuvo que no resulta necesario permitir operaciones en sectores especialmente protegidos. También cuestionó a Ushuaia Shipping por impulsar la solicitud, teniendo en cuenta que la empresa desarrolla actividades de divulgación y concientización ambiental. Manekenk pedirá explicaciones a las autoridades del Parque Nacional Ante la situación, Fernández anticipó que la organización avanzará con pedidos formales para conocer los fundamentos de la autorización. “Vamos a hacer un pedido de informe al intendente del Parque, vamos a pedir una reunión”, confirmó. También indicó que otras organizaciones, entre ellas representantes del sector de guías, estaban evaluando solicitar encuentros con las autoridades. La intención es conocer los criterios utilizados para aprobar la actividad, las condiciones establecidas para las embarcaciones y los mecanismos de fiscalización previstos para evitar daños ambientales. Asimismo, Fernández explicó que consultó sobre la existencia de solicitudes similares para operar en Península Mitre o Isla de los Estados, aunque hasta ese momento no se habían registrado pedidos de esas características. Celebró los controles en el Puerto de Ushuaia, pero cuestionó a la Justicia Durante la misma entrevista, Fernández también se refirió a la intervención judicial que permitió el ingreso de inspectores provinciales al Puerto de Ushuaia para controlar el manejo de residuos peligrosos. La referente ambientalista valoró la medida, aunque cuestionó que las autoridades judiciales no hubieran actuado antes frente a los impedimentos denunciados por los organismos de fiscalización. “Es hora de que la Justicia se ponga los pantalones largos y haga cumplir las normas”, expresó. También manifestó su preocupación por las dificultades que enfrentaron los trabajadores técnicos de Ambiente para desarrollar sus tareas dentro de las instalaciones portuarias. Fernández sostuvo que el cumplimiento de la legislación ambiental no debería depender de conflictos políticos o administrativos y reclamó una intervención más activa de los organismos responsables de garantizar los controles. La representante de Manekenk insistió en que tanto la situación del puerto como la autorización de megayates dentro del Parque Nacional exponen una misma preocupación: la necesidad de que las normas ambientales se apliquen de manera efectiva y sin excepciones injustificadas. Mientras la organización prepara sus pedidos de información, continúa abierto el debate sobre los límites de las actividades turísticas de lujo en espacios naturales protegidos y las responsabilidades de quienes autorizan su desarrollo. ]]>