Tierra del Fuego participó de una nueva reunión del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas

Tierra del Fuego, a través de la Secretaría de Derechos Humanos e Igualdad del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia, participó de la XXIV Reunión del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, el principal ámbito de articulación federal donde se definen y coordinan políticas públicas para prevenir, investigar y erradicar este delito, garantizando la protección integral de las víctimas.La representación fueguina estuvo a cargo de la secretaria de Derechos Humanos e Igualdad, Sonia Splausky, quien participó de las jornadas junto a autoridades nacionales, representantes de las provincias, organismos especializados y organizaciones de la sociedad civil.Durante el encuentro se aprobó el Informe Anual 2025 del Consejo Federal y se abordaron distintos ejes de trabajo vinculados al fortalecimiento de las políticas públicas para la prevención y el combate de la trata de personas. Entre ellos, se analizaron los avances del Programa de Restitución de Derechos para las Víctimas de Trata, los mecanismos de articulación entre organismos nacionales y provinciales, las nuevas modalidades de captación utilizadas por las redes criminales y las estrategias para fortalecer la investigación, la asistencia integral y la restitución de derechos.En ese marco, Tierra del Fuego expuso la experiencia que viene desarrollando a través del trabajo articulado entre la Secretaría de Derechos Humanos e Igualdad, la Justicia Federal, las fuerzas de seguridad y los organismos que integran el sistema de protección de derechos. Asimismo, presentó propuestas orientadas a fortalecer la asistencia y la restitución de derechos de las víctimas, las cuales fueron acompañadas por representantes de distintas provincias.La participación de la provincia en este espacio reafirma el compromiso del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia con el desarrollo de políticas públicas integrales, federales y con perspectiva de derechos humanos, fortaleciendo la articulación entre los distintos niveles del Estado para prevenir la trata de personas, proteger a las víctimas y garantizar el acceso efectivo a la justicia.