“Tierra del Fuego no sale creando impuestos, sale administrando”
El legislador de Somos Fueguinos, Jorge Lechman, ratificó su rechazo al proyecto de financiamiento educativo aprobado por la Legislatura y responsabilizó al Gobierno provincial por la falta de recursos para atender las obligaciones del Estado. Cuestionó la creación de nuevas cargas tributarias, advirtió que desalientan las inversiones y sostuvo que la solución debía buscarse mediante una reorganización del Presupuesto 2027. Además, apuntó contra la administración de Gustavo Melella, denunció un
El legislador de Somos Fueguinos, Jorge Lechman, ratificó su rechazo al proyecto de financiamiento educativo aprobado por la Legislatura y responsabilizó al Gobierno provincial por la falta de recursos para atender las obligaciones del Estado. Cuestionó la creación de nuevas cargas tributarias, advirtió que desalientan las inversiones y sostuvo que la solución debía buscarse mediante una reorganización del Presupuesto 2027. Además, apuntó contra la administración de Gustavo Melella, denunció un supuesto ahogo financiero a los municipios por la demora en las transferencias de coparticipación y alertó que la provincia podría enfrentar un déficit cercano al billón de pesos al finalizar la actual gestión.
Río Grande. – El legislador provincial Jorge Lechman, representante de Somos Fueguinos, realizó un duro cuestionamiento al proyecto de financiamiento educativo sancionado por la Legislatura y sostuvo que la creación de nuevos impuestos no constituye una solución para los problemas salariales y de infraestructura que atraviesa el sistema educativo provincial.
En diálogo con el programa ‘Buscando el Equilibrio’, por Radio Provincia, el parlamentario ratificó que su oposición a la iniciativa se mantuvo desde el comienzo del debate y consideró que el Gobierno provincial debería haber priorizado una reorganización de sus recursos antes de impulsar nuevas obligaciones tributarias.
“Yo me he manifestado en contra de este proyecto desde sus inicios. Por eso voté para quitarle en su momento el tratamiento de urgencia y anuncié, antes del cuarto intermedio, que iba a votar este proyecto en negativo de no modificarse el dictamen”, recordó.
Lechman explicó que “su rechazo responde principalmente a las consecuencias económicas que, a su entender, podrían generar los tributos previstos sobre el Banco de Tierra del Fuego, la distribuidora de gas Camuzzi y el sector rural, además de su eventual aplicación a futuros emprendimientos productivos”.
“Entiendo que no podemos seguir generando impuestos a la ciudadanía, más allá de que el espíritu de la ley diga que no podrán ser trasladados a los clientes o usuarios, cosa que no va a suceder”, advirtió, al poner en duda que las nuevas cargas sean absorbidas exclusivamente por las empresas alcanzadas.
En ese sentido, aclaró que su posición no implica desconocer los reclamos de los trabajadores de la educación ni las necesidades de inversión en los establecimientos escolares, siempre el reclamo de cualquier empleado público es justo, pero me parece que no es creando impuestos cómo vamos a salir adelante. Yo creo que el Estado provincial debe aprender a administrar y no a derrochar, que es lo que ha estado haciendo en los últimos siete años”, afirmó.
“La solución debía salir del presupuesto provincial”
Uno de los principales cuestionamientos del legislador estuvo dirigido al procedimiento elegido para avanzar con el financiamiento educativo, al considerar que la discusión debía desarrollarse junto con el tratamiento del Presupuesto provincial para 2027.
Lechman sostuvo que “las partidas destinadas a educación, salud y seguridad deben surgir de una planificación integral de los recursos públicos y no de la creación de mecanismos tributarios específicos para cada sector, me parece que reorganizando el presupuesto podía salir la solución, sin tener que gravar con ningún tipo de impuestos a nadie”, expresó.
En esa línea, manifestó que “el proyecto debería haber regresado a comisión hasta contar con un análisis completo de las previsiones presupuestarias”.
“Nosotros decíamos que este proyecto debería haberse mandado a comisión y tendríamos que haber esperado a la aprobación del presupuesto provincial, que es de ahí donde deben salir los fondos para las responsabilidades que tiene el Estado”, remarcó.
Asimismo, rechazó que su postura pudiera interpretarse como una defensa de las entidades alcanzadas por los nuevos tributos y planteó que la iniciativa también podría perjudicar la llegada de capitales privados.
“¿Quién va a invertir en proyectos futuros en una provincia que de antemano ya le tiene gravados impuestos?”, se preguntó.
Y agregó que “en vez de atraer inversiones, lo único que hacemos es alejarlas. Lo que necesitamos es atraer inversiones para generar nueva riqueza y nuevos puestos de empleo, que es lo que le falta a Tierra del Fuego”.
El legislador también advirtió que establecer un financiamiento específico para educación podría generar reclamos similares de otros sectores estatales y productivos.
“Hoy se acaba de sancionar una ley con un proyecto de financiamiento educativo. ¿Y qué van a decir los enfermeros? ¿Qué va a decir seguridad? ¿Qué van a decir los penitenciarios?”, planteó, al mencionar además las dificultades que atraviesan los trabajadores metalúrgicos y petroleros.
“¿Tendríamos que hacer un proyecto de financiamiento para todo el mundo? Tierra del Fuego no sale creando impuestos, Tierra del Fuego sale administrando”, sentenció.
La votación legislativa y el respeto por las decisiones individuales
Consultado sobre el empate de siete votos y la definición de la legisladora Victoria Vuoto, Lechman consideró que el procedimiento respondió a las reglas institucionales y descartó que existieran motivos para cuestionar el mecanismo de desempate.
“Se dio en el marco de las reglas de juego de la democracia, mayorías y minorías. Al haber un empate, el que está a cargo de la presidencia desempata. Ahí no hay que buscar absolutamente nada raro”, señaló.
También se refirió a la ausencia del legislador Raúl von der Thusen, quien atravesaba una situación familiar delicada, y sostuvo que comprendía su decisión de priorizar cuestiones personales.
Respecto del cambio de posición de la legisladora Laura Colazo, evitó realizar cuestionamientos y afirmó que cada representante debe responder por sus propias decisiones.
“Yo me hago cargo pura y exclusivamente de mi palabra, que creo que es un capital que uno tiene, y no soy quién para cuestionar cómo vota uno o cómo vota otro”, expresó.
A su entender, cuando un sector no consigue reunir los votos necesarios, corresponde reconocer la falta de consensos antes que responsabilizar a otros legisladores por el resultado.
Duras críticas a Melella y a la administración provincial
Durante la entrevista, Lechman profundizó sus cuestionamientos a la gestión del gobernador Gustavo Melella, a quien responsabilizó por la situación económica provincial y por la falta de resultados en materia de infraestructura y generación de empleo.
“Estamos en manos de un pésimo administrador, que en siete años no ha logrado ni siquiera una sola obra que los fueguinos podamos admirar o sentirnos representados por ese trabajo”, manifestó.
El parlamentario sostuvo que “una parte importante de la dirigencia provincial continúa administrando los recursos públicos sin adecuarse a las posibilidades financieras reales de Tierra del Fuego”.
“Debemos aprender a vivir de lo que tenemos, de los recursos que tenemos y de lo que generamos”, afirmó, al señalar que “la reducción de las transferencias extraordinarias nacionales obliga a revisar las prioridades del gasto”.
También cuestionó la concepción de algunos funcionarios sobre la administración pública y al respecto dijo que “hay funcionarios públicos que creen que el Estado es de ellos, cuando están administrando los recursos de los ciudadanos de Tierra del Fuego”, expresó.
En ese marco, consideró necesario fortalecer la actividad privada como fuente de empleo y generación de recursos tributarios, y reclamó una revisión integral de las estructuras estatales.
Coparticipación: denunció un supuesto ahogo financiero a los municipios
Otro de los ejes centrales de la entrevista fue la deuda de coparticipación que el Gobierno provincial mantiene con los municipios, particularmente con Río Grande, cuyo monto fue situado durante la conversación cerca de los 19 mil millones de pesos.
Lechman atribuyó los atrasos a una decisión política del Ejecutivo provincial y cuestionó sus consecuencias sobre las administraciones municipales.
“Me parece que acá hay un capricho del Gobierno provincial de ahogar a los municipios, principalmente aquellos que no son adeptos a su forma de gobernar”, sostuvo.
En particular, calificó la situación de Río Grande como un caso grave y consideró que la falta de transferencia de recursos podría configurar responsabilidades para los funcionarios provinciales.
“Que se esté ahogando un municipio porque actúa de manera diferente políticamente al Gobierno de Gustavo Melella me parece que roza el delito hasta de incumplimiento de funcionario público”, afirmó.
Sin embargo, aclaró que “los principales perjudicados no son los intendentes, sino los vecinos que dependen de los servicios y obras municipales”.
“El daño no se lo están causando a Martín Pérez, a Walter Vuoto o a Daniel Harrington; se lo están causando a cada ciudadano de la provincia de Tierra del Fuego”, remarcó.
Rechazó un eventual juicio político contra el gobernador
Pese a sus fuertes cuestionamientos al Ejecutivo, Lechman se manifestó contrario a impulsar la destitución del gobernador por la situación financiera y defendió la continuidad de los mandatos surgidos del voto popular.
“Yo soy opositor y estoy muy lejos de la figura de Gustavo Melella, pero creo que los ciudadanos de esta provincia debemos aprender que cada vez que elegimos a alguien con nuestro voto tenemos que aguantar el tiempo que ese mandato le ha sido concedido”, sostuvo.
En ese sentido, afirmó que “solamente acompañaría una destitución ante hechos de extrema gravedad debidamente acreditados, yo no votaría nunca la destitución de un gobernador, excepto un caso gravísimo”, aseguró.
También planteó que “el mandatario debe completar su gestión hasta diciembre de 2027 y responder por las consecuencias de sus decisiones”, dijo, al tiempo que agregó que “no coincido con los pedidos de juicio político porque me parece que es una forma también de sacarle la responsabilidad al gobernador”, argumentó.
Terra Ignis: ratificó sus advertencias sobre el traspaso de las áreas de YPF
En materia hidrocarburífera, el legislador recordó que votó en contra del traspaso de las áreas que dejó YPF a la empresa estatal Terra Ignis y sostuvo que los problemas actuales de contratistas y trabajadores refuerzan sus cuestionamientos originales.
Según explicó, su preocupación estaba vinculada con las pérdidas económicas que atribuía a la operación de YPF en Tierra del Fuego, estimadas por él en 80 millones de dólares.
“Estábamos comprando un Ford modelo 70 sin motor y lo estábamos pagando como si fuese un Maserati”, graficó.
Lechman señaló que “había transmitido esa posición al sindicato petrolero y durante el debate legislativo, al considerar que existía el riesgo de trasladar una actividad deficitaria a la empresa provincial”.
“Lamentablemente, en el medio siempre quedan pymes que generan trabajo, que generan riqueza, y a través de esas pymes quedan tirados en el camino cientos de trabajadores”, lamentó.
Propuso revisar organismos estatales y reorganizar la administración pública
El representante de Somos Fueguinos también acompañó los cuestionamientos del legislador Pablo Villegas sobre el funcionamiento y los costos de determinados organismos provinciales, entre ellos el Laboratorio del Fin del Mundo.
Consideró que “el Estado debe evaluar cuáles estructuras cumplen una función efectiva y cuáles representan gastos que podrían evitarse”.
“Cuando nosotros decíamos que hay que administrar, hay que ver lo que funciona, mantenerlo y lo que no, lamentablemente hay que darlo de baja”, sostuvo.
No obstante, aclaró que “una reorganización no necesariamente debe traducirse en la eliminación de puestos de trabajo, sino en una redistribución del personal hacia las áreas que requieren recursos humanos”.
También cuestionó las diferencias existentes entre los regímenes laborales de los organismos públicos y estimó que actualmente conviven entre 18 y 19 convenios distintos.
“El Estado es uno solo y un trabajador tiene los mismos derechos que otro trabajador. No podemos tener trabajadores de primera o de segunda”, afirmó.
En ese marco, criticó la permanencia de beneficios y mecanismos administrativos heredados de la etapa territorial, incluidos los cargos hereditarios que, según señaló, todavía subsisten en determinadas estructuras.
RIGI: defendió su incorporación como herramienta para atraer inversiones
Sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), Lechman reiteró su posición favorable a que “Tierra del Fuego cuente con esa herramienta, aunque reconoció que su implementación no garantiza por sí sola la llegada de nuevos proyectos”.
“El RIGI es una herramienta que no quita ni pone, porque que lo tengamos no garantiza que absolutamente nadie venga a invertir a Tierra del Fuego. Ahora, al no tenerlo, sí cierra esa posibilidad”, explicó.
Sostuvo que “la provincia necesita ampliar su matriz productiva y recuperar actividades industriales, aprovechando tanto sus recursos naturales como los beneficios fiscales existentes”.
“Si se presenta un solo proyecto que genere diez puestos de trabajo, son diez puestos de trabajo que hoy la provincia no tiene”, ejemplificó.
Puerto de Ushuaia: cuestionó la defensa provincial frente a la intervención
En relación con la intervención nacional del puerto de Ushuaia, el legislador sostuvo que “el Gobierno fueguino no desarrolló una estrategia adecuada para revertir la medida”.
“El puerto es de la provincia, está intervenido en la parte administrativa y financiera; la parte operativa la siguen operando los privados”, explicó.
A su entender, la situación se agravó por el enfrentamiento político entre la administración provincial y el Gobierno nacional.
“La provincia, en primera instancia, ha tenido una pésima defensa en contra de la intervención, y es lo que hoy los trabajadores están padeciendo”, manifestó.
Lechman también consideró que “la falta de diálogo institucional perjudicó los intereses provinciales y vinculó esa situación con las dificultades financieras que obligaron al Ejecutivo a recurrir a asistencia para afrontar obligaciones salariales, los caprichos a veces se pagan caro”, sintetizó.
Banco de Tierra del Fuego, energía y actualización del impuesto rural
Respecto del Banco de Tierra del Fuego, el legislador destacó su funcionamiento institucional y el cumplimiento de las regulaciones del Banco Central.
“Es un banco que está saneado, que ha estado manejado con responsabilidad”, consideró, aunque reconoció que pueden existir diferencias respecto de su función social y crediticia.
También señaló que “la utilización de recursos de la entidad para atender necesidades financieras provinciales constituye una práctica histórica, posteriormente compensada mediante ingresos de coparticipación”.
Sobre el proyecto energético de Ushuaia vinculado con una empresa china, aclaró que durante la exposición del área de Obras Públicas no se analizaron las condiciones contractuales ni el esquema futuro de operación y facturación.
Indicó que “esos aspectos deberán consultarse cuando comparezcan las autoridades de la Dirección Provincial de Energía y evitó anticipar conclusiones sin información suficiente”.
En cuanto al impuesto rural, cuestionó que “la administración provincial no hubiera actualizado oportunamente los valores y responsabilizó por esa omisión a la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF)”.
“El impuesto rural es una potestad que tenía de actualizar el Poder Ejecutivo provincial a través de AREF. Que no lo hayan hecho en siete o diez años es responsabilidad pura y exclusivamente de AREF y del Gobierno provincial, no de los ruralistas”, afirmó.
Lechman mencionó una actualización del 8.900% y sostuvo que “el atraso previo privó durante años al Estado de recursos que podría haber recaudado”.
Perros asilvestrados: reclamó medidas de fondo para proteger la producción ganadera
El legislador también expresó su preocupación por el avance de las jaurías de perros asilvestrados sobre establecimientos rurales y sectores naturales de la provincia, incluida Península Mitre.
Advirtió que “la problemática afecta la producción ovina y bovina, además de representar una amenaza para la fauna silvestre”.
“Si seguimos de comisión en comisión, nunca va a tener resolución el problema. Creo que hay que tomar medidas de fondo, aunque sean antipáticas, aunque duelan, pero hay que tomarlas”, reclamó.
En ese sentido, alertó que “la continuidad de la depredación podría profundizar el retroceso de la actividad ganadera y comprometer la producción local de corderos”.
Presupuesto 2027: advirtió sobre un déficit que podría superar los 250 mil millones
Hacia el cierre de la entrevista, Lechman volvió a concentrar sus cuestionamientos en las finanzas provinciales y en el proyecto de Presupuesto 2027, cuyo gasto fue situado en torno a los 2,7 billones de pesos.
Según explicó, la iniciativa contempla un déficit cercano a los 138 mil millones de pesos, pero esa estimación depende de la aprobación de la reforma tarifaria pretendida por el Ejecutivo.
“Es un presupuesto grande, con un déficit anunciado de 138 mil millones, que si a eso le quitamos la tarifaria que pretende el Estado provincial va a superar los 250 mil millones de déficit”, advirtió.
El legislador fue más allá y sostuvo que al considerar las obligaciones pendientes, las deudas acumuladas y los posibles resultados de demandas judiciales, la situación financiera que heredará la próxima gestión podría ser considerablemente más grave”.
“Yo sostengo que el próximo gobernador o gobernadora, en diciembre de 2027, cuando asuma, va a tener un déficit cercano al billón de pesos”, afirmó.
Aclaró que “se trata de una estimación propia que incluye compromisos” que, según su criterio, no aparecen suficientemente reflejados en las cuentas oficiales.
“El Estado tiene continuidad, no importa quién gobierne. No importa si la deuda la generó en el 2000, en el 91 o la generaron el mes pasado. Es el Estado provincial el que la debe”, remarcó.
Finalmente, insistió en la necesidad de transparentar las cuentas públicas, revisar el funcionamiento de los organismos estatales y establecer prioridades presupuestarias antes de recurrir a nuevas cargas tributarias.
“Seguramente alguno saldrá a decir que soy un exagerado, pero empiecen a sumar finito y ojalá no me quede corto”, concluyó.