“Tierra del Fuego no puede seguir sustituyendo empleo genuino por empleo estatal”

El contador Ramón Gallardo analizó en profundidad el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, los alcances y límites de la Ley 19.640, el presente del Subrégimen Industrial, el rol del FAMP y la delicada situación económica de la provincia. También repasó su historia personal, su vínculo con la producción fueguina y su defensa de una matriz económica más diversificada. Por otro lado, detalló que “el empleo público provincial siguió el camino contrario: desde la gestión de Fabiana Ríos hasta la actual administración, pasó de 15.600 empleados a 25.134, con un incremento cercano al 65 por ciento”. Asimismo, planteó que el presupuesto legislativo y la estructura de personal, mencionando 482 empleados, entre permanentes y temporarios, además de asesores y colaboradores. “Si hay que ajustar, que empiece por la casta política”.

Río Grande.- En una de las exposiciones más extensas y minuciosas que se hayan escuchado en el último tiempo sobre el futuro económico de Tierra del Fuego, el contador Ramón Gallardo pasó por los micrófonos de “La Mañana de la Tecno”, por Radio Universidad 93.5 MHz, y dejó una definición contundente: la provincia necesita con urgencia ampliar su matriz productiva, generar empleo privado y abandonar la lógica de crecimiento sostenido del gasto político como respuesta a una crisis que, a su entender, ya no admite dilaciones.

Gallardo, asesor financiero y económico de la Cámara de Comercio, presidente de la Cámara Fueguina de la Madera y Afines (CAFUFAMA), integrante de FAIMA y representante en espacios de la Unión Industrial Argentina, desmenuzó durante varias horas los puntos centrales del debate económico fueguino: la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), las restricciones históricas que pesan sobre el Subrégimen Industrial de la Ley 19.640, el funcionamiento y el presente del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP), el cuadro fiscal de la provincia y hasta su propia biografía, atravesada por el trabajo, la docencia y la actividad empresarial.

Su intervención no tuvo el tono de una exposición académica aislada, sino el de una advertencia política dirigida a toda la dirigencia fueguina. Con números, antecedentes normativos y una fuerte crítica al crecimiento del aparato estatal, Gallardo sostuvo que Tierra del Fuego no puede darse el lujo de desaprovechar herramientas para atraer inversiones en un contexto de caída del empleo privado y deterioro de las cuentas públicas.

 

La Ley 19.640: beneficios amplios, pero cada vez más condicionados

 

Gallardo comenzó por el punto que, a su juicio, suele ser mal interpretado en el debate público: la idea de que Tierra del Fuego ya cuenta con un régimen promocional tan amplio que no necesitaría adherir a ningún otro esquema.

Para el contador, esa afirmación es apenas “una verdad a medias”.

Recordó que la Ley 19.640, sancionada en 1972 por el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse, declaró Zona Franca al Territorio Nacional de Tierra del Fuego y estableció un Área Aduanera Especial en la Isla Grande. Esa norma contempló la exención de impuestos nacionales vigentes y futuros, siempre que no tuvieran asignación específica superior al 50 por ciento.

En términos concretos, explicó, eso permitió históricamente que en la provincia no se pagaran tributos nacionales como Ganancias, IVA, Bienes Personales y otros gravámenes de orden federal, con excepciones puntuales como ocurrió con el impuesto PAIS, que sí se aplicó porque sus fondos tenían una afectación específica superior al límite establecido por la ley.

Sin embargo, Gallardo remarcó que, con el paso de los años, distintos gobiernos democráticos fueron enmendando, condicionando y limitando esos beneficios, orientándolos específicamente hacia la producción. En ese recorrido, afirmó, fue tomando forma lo que hoy se conoce como el Subrégimen Industrial, junto con otros esquemas ligados a los recursos naturales.

Su tesis es clara: la 19.640 sigue siendo una herramienta central, pero su evolución histórica demuestra que ya no puede pensarse como un régimen absoluto ni irrestricto. Por el contrario, fue cada vez más acotado, regulado y dependiente de decisiones nacionales.

 

Un Subrégimen Industrial sin posibilidad real de crecer

 

Uno de los ejes más contundentes de la entrevista fue la descripción del presente del Subrégimen Industrial fueguino, que Gallardo definió como un sistema que, más allá de los beneficios vigentes para quienes ya están adentro, no tiene capacidad real de expansión.

Explicó que actualmente conviven unas 40 empresas vinculadas a la electrónica, el plástico, la agroquímica, el textil y la pesca. Según datos de diciembre de 2025, ese conjunto ocupaba 8.861 trabajadores, de los cuales 7.317 pertenecían a la rama electrónica, es decir, más del 82 por ciento del total del empleo del subrégimen.

La concentración no es menor. Para Gallardo, el esquema industrial fueguino descansa casi por completo en cuatro productos: celulares, televisores, microondas y aires acondicionados, lo que revela una estructura productiva estrecha y altamente vulnerable a las decisiones de política comercial nacional.

Pero su argumento fue más allá: sostuvo que el verdadero problema no es solamente la dependencia sectorial, sino la imposibilidad de que ingresen nuevas empresas al régimen con los beneficios promocionales.

Cualquier firma puede radicarse en Tierra del Fuego, aclaró, pero si quiere acceder a la exención de IVA, Ganancias o derechos de importación sobre insumos, necesita contar con un proyecto aprobado por Nación. Y eso, según recordó, no sucede de manera general desde hace más de dos décadas.

El último decreto de apertura general, señaló, fue el 490 de 2003. Después hubo autorizaciones específicas para algunos productos, como notebooks, netbooks, tablets o cámaras fotográficas, pero ya no una apertura amplia que permitiera el crecimiento sostenido del entramado fabril.

Para Gallardo, esa situación desarma el argumento de quienes sostienen que Tierra del Fuego tiene un régimen superior al RIGI. “Puede tener beneficios importantes para quienes ya están, pero no tiene posibilidad de crecer”, resumió en su exposición.

 

La caída del empleo industrial y el aumento del empleo público

 

Gallardo vinculó esa falta de expansión con un dato que considera alarmante: mientras la población fueguina creció con fuerza en las últimas décadas, el empleo industrial se redujo drásticamente.

Según expuso, entre el censo de 2010 y el de 2022 la población de Tierra del Fuego pasó de 127 mil a 185 mil habitantes, lo que representa un crecimiento del 46 por ciento. En ese mismo lapso, el Subrégimen Industrial pasó de 13.793 trabajadores en 2015 a 8.861 en diciembre de 2025, una caída del 56 por ciento.

En paralelo, añadió, el empleo público provincial siguió el camino contrario: desde la gestión de Fabiana Ríos hasta la actual administración, pasó de 15.600 empleados a 25.134, con un incremento cercano al 65 por ciento.

La conclusión de Gallardo fue terminante. Mientras la población creció, el empleo privado ligado a la industria retrocedió y el Estado expandió su planta de manera sostenida. Esa ecuación, sostuvo, explica buena parte de la fragilidad actual de la provincia.

No lo dijo en términos técnicos solamente. Lo presentó como un problema estructural y también político: Tierra del Fuego, afirmó, no puede seguir sustituyendo empleo genuino por empleo estatal, ni sostener estructuras institucionales sobredimensionadas mientras la economía real se debilita.

 

Déficit, deuda flotante y la crítica al “gasto político”

 

La otra gran dimensión de su análisis fue el cuadro fiscal provincial. Gallardo dijo no haberse sorprendido por la situación expuesta recientemente por el ministro de Economía ante la Legislatura, porque a su entender el déficit ya era conocido por todos. Lo que sí consideró grave fue la confirmación pública de la magnitud del problema.

Citando declaraciones legislativas posteriores a ese encuentro, enumeró un déficit estructural de 227 mil millones de pesos, un déficit mensual de 27 mil millones y una deuda flotante con proveedores de 120 mil millones. A eso sumó la preocupación por la posibilidad de que el Gobierno recurra a nuevas subas impositivas, reestructuración de subsidios, anticipos de coparticipación o endeudamiento.

Fue en ese tramo donde Gallardo endureció el tono. Rechazó de plano una salida basada en más impuestos, al señalar que cualquier incremento tributario termina trasladándose a precios y golpeando a los sectores de menores ingresos.

Pero además dirigió sus críticas a toda la dirigencia política, no sólo al Poder Ejecutivo. Incluyó a la Legislatura, municipios, concejos deliberantes y organismos de control dentro de una misma lógica de gasto que, a su entender, ya no se condice con la realidad económica de la provincia.

Puso como ejemplo el presupuesto legislativo y la estructura de personal, mencionando 482 empleados, entre permanentes y temporarios, además de asesores y colaboradores. “Si hay que ajustar, que empiece por la casta política”, planteó, en una frase que condensó buena parte del tono de su intervención.

También cuestionó la superposición de estructuras en áreas como salud y educación, y propuso revisar la organización estatal para ganar eficiencia. En su mirada, la discusión no puede agotarse en cómo conseguir más recursos, sino también en cómo reducir el peso de un aparato institucional que considera excesivo.

 

RIGI: por qué Gallardo insiste en que la provincia debe adherir

 

Sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, Gallardo fue categórico: Tierra del Fuego debe adherir y hacerlo cuanto antes.

Su argumento central es que el RIGI no viene a reemplazar a la Ley 19.640, sino a ofrecer algo que el esquema fueguino hoy no garantiza: certidumbre, estabilidad jurídica, previsibilidad tributaria y capacidad real de atraer nuevas inversiones.

Definió al RIGI como un régimen de incentivos tributarios, fiscales y aduaneros por 30 años, orientado a captar inversiones nacionales y extranjeras de gran escala. Sus objetivos, enumeró, son atraer capital, desarrollar economías regionales, fortalecer exportaciones y generar empleo.

Según detalló, contempla ocho sectores: foresto-industria, energía, minería, siderurgia, turismo, tecnología, petróleo y gas, entre otros, con montos mínimos de inversión que en general parten de 200 millones de dólares, aunque en algunos casos son mayores.

Gallardo subrayó además que el régimen es compatible con otros esquemas, pero no permite acumular beneficios de la misma especie. Es decir: quien se adhiera al RIGI debe optar por ese marco para el proyecto en cuestión y no superponerlo con exenciones equivalentes de la 19.640.

También explicó que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Economía de la Nación, que es quien evalúa, aprueba o rechaza los proyectos y hace su seguimiento posterior. Por eso cuestionó las ideas de una adhesión provincial “condicionada” que pretenda otorgarle a la provincia la facultad de aprobar proyectos: según remarcó, la ley nacional invita a adherir “en todos sus términos y condiciones”, y esa potestad de aprobación no puede ser reemplazada localmente.

 

No promete milagros, pero sí una herramienta para competir

 

Lejos de presentar al RIGI como una solución mágica, Gallardo insistió varias veces en que la adhesión no implicará una lluvia inmediata de inversiones.

Su planteo fue más pragmático: si la provincia no adhiere, ni siquiera entra en la competencia. Y si adhiere tarde, lo hace en desventaja frente a otras jurisdicciones que ya llevan tiempo recorriendo mercados, mostrando oportunidades y negociando proyectos.

Recordó que 19 de las 24 provincias ya se adhirieron, mientras Tierra del Fuego llegaría recién como la número 20. En ese sentido, reclamó rapidez institucional, pero también una política activa de promoción: “armen una comisión, hagan las valijas y salgan a buscar inversiones”, sintetizó.

Mencionó especialmente la competencia con Santa Cruz, que ya avanzó en conversaciones para una refinería en Río Gallegos abastecida, entre otros recursos, con petróleo de Tierra del Fuego. También aludió a oportunidades en materia de energía eólica, hidrógeno verde, petroquímica, foresto-industria, turismo e infraestructura logística.

Para Gallardo, la pregunta no es si el RIGI garantiza inversiones, sino si Tierra del Fuego quiere o no tener la herramienta para disputar esos proyectos.

 

Las ventajas que, según Gallardo, el RIGI sí ofrece

 

En su comparación con el régimen fueguino actual, Gallardo destacó varios atributos del RIGI.

En primer lugar, la seguridad jurídica. Mientras el Subrégimen Industrial y otros esquemas vinculados a la 19.640 fueron modificados reiteradamente por decretos y resoluciones, el RIGI ofrece una estabilidad de 30 años y protección de derechos adquiridos. Incluso, señaló, prevé la posibilidad de acudir a arbitrajes internacionales si esos derechos fueran vulnerados.

En segundo lugar, remarcó el desarrollo de proveedores locales. Dijo que el régimen exige que al menos el 20 por ciento de la inversión total esté destinado al desarrollo de producción y servicios locales, algo que —según observó— no está previsto en el Subrégimen Industrial ni en los regímenes hidrocarburíferos actuales.

En tercer término, explicó los incentivos tributarios: una alícuota de Ganancias del 25 por ciento para los proyectos adheridos, frente al 35 por ciento del régimen general; tratamiento especial para dividendos; posibilidad de trasladar quebrantos sin límite de tiempo y ajustarlos por inflación; beneficios aduaneros para importar bienes de capital e infraestructura; y ventajas cambiarias para disponer de divisas provenientes de exportaciones.

A su entender, esos elementos no existen hoy con la misma contundencia en Tierra del Fuego, donde muchas empresas deben liquidar divisas localmente y han sufrido en distintos períodos restricciones para girar utilidades al exterior.

 

Las críticas al RIGI y la respuesta de Gallardo

 

Durante la entrevista también respondió a los cuestionamientos más frecuentes contra el régimen.

“Con relación a la adhesión al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, el artículo 224 de la ley base, que es el que contempla RIGI, dice: ‘invítase a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las provincias y a los municipios a adherir al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones en todos sus términos y condiciones. Y además en el artículo 275 dice que El Poder Ejecutivo Nacional nombrará a la autoridad de aplicación y que es el Ministerio de Economía de la Nación, quien será el único que aprobará o rechazará un proyecto, lo evaluará, lo analizará y hará su seguimiento. Por lo tanto, ninguna provincia puede tener esta facultad de querer evaluar, aprobar o desaprobar un proyecto porque el único que lo hace es un organismo a nivel nacional que es el Ministerio de Economía”, explicó Gallardo.

Negó que el RIGI atente contra el federalismo o modifique el dominio originario de los recursos naturales reconocido en el artículo 124 de la Constitución Nacional. Según explicó, la potestad sobre los recursos y el control ambiental siguen siendo provinciales, y el régimen no altera esa estructura.

Tampoco aceptó la idea de que sea un esquema necesariamente “extractivista”. Señaló que incluye sectores como turismo, tecnología o foresto-industria, además de exigir integración local. Y aun cuando se trate de actividades vinculadas a recursos naturales, sostuvo que pueden generar valor agregado, como ocurriría con proyectos petroquímicos o industriales.

Asimismo, rechazó que no contemple reinversión de utilidades. En ese punto explicó que la reducción progresiva de la carga sobre dividendos funciona precisamente como un incentivo a la reinversión durante los primeros años del proyecto.

 

El FAMP, entre la ampliación productiva y la pérdida de competitividad

 

Otro de los temas fuertes fue el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP), creado al amparo de la prórroga del Subrégimen Industrial.

Gallardo recordó que el mecanismo se financiaba con un aporte equivalente al 15 por ciento del IVA facturado y retenido por las empresas beneficiarias del régimen. Ese dinero alimentaba un fideicomiso administrado por el Banco BICE y debía destinarse a proyectos que ampliaran la matriz productiva en sectores como recursos naturales, logística, turismo, agricultura, ganadería o petróleo.

Sin embargo, remarcó que recientemente una resolución nacional suspendió ese aporte, llevándolo a cero. Explicó que la medida respondió a la necesidad de mejorar la competitividad de las empresas fueguinas, afectadas por una pesada carga tributaria y por la apertura importadora.

Aunque consideró razonable la suspensión en términos de alivio para el sector productivo, utilizó esa decisión como otra muestra de la fragilidad normativa del esquema fueguino: si un fondo pensado para diversificar la economía puede ser modificado por una resolución administrativa, entonces difícilmente pueda ofrecer la estabilidad que requiere una gran inversión.

Aun así, aclaró que el FAMP sigue existiendo, conserva recursos en el Banco BICE y mantiene la posibilidad de financiar nuevos proyectos, con una parte no reembolsable y otra canalizada a través del Banco Nación. También recordó que algunas empresas habían retenido hasta el 40 por ciento de sus aportes para desarrollar iniciativas propias, las cuales deberán concretarse o devolver esos fondos.

 

Hidrocarburos, recursos naturales y el problema de la estabilidad

 

Gallardo dedicó una parte importante de la entrevista a diferenciar el régimen hidrocarburífero y el de los recursos naturales del Subrégimen Industrial.

Mencionó el caso del decreto 1049, que devolvió beneficios aduaneros e impositivos a nuevos emprendimientos hidrocarburíferos, y el ejemplo del proyecto Fénix, que pudo encuadrarse por su volumen de inversión. En contraste, señaló que empresas como Roch debieron afrontar Ganancias, IVA y retenciones a la exportación por no haber ingresado bajo un proyecto nuevo definido por esa normativa.

También repasó la situación de los recursos naturales en estado puro —como madera o turba— y la resolución que permite agregarles valor hasta cierto límite, de modo que un producto elaborado localmente pueda ser considerado originario de la isla y acceder a beneficios promocionales.

Pero otra vez volvió sobre el mismo punto: la falta de estabilidad jurídica. Al tratarse en algunos casos de simples resoluciones administrativas, cualquier modificación puede dejar a quienes invirtieron expuestos a una incertidumbre incompatible con proyectos de gran escala.

 

Un perfil personal atravesado por Tierra del Fuego

 

En el tramo final de la entrevista, Gallardo dejó de hablar sólo como analista económico y pasó a contar quién es.

Nacido circunstancialmente en Río Gallegos, explicó que sus padres llegaron a Río Grande en barco en 1953, cuando la ciudad apenas superaba los 5 mil habitantes. Toda su vida, dijo, estuvo ligada a Tierra del Fuego: sus padres están enterrados aquí, sus hijos están aquí y su historia personal y laboral se desarrolló íntegramente en la provincia.

Recordó que hizo el servicio militar voluntario en Prefectura, que fue docente universitario en Buenos Aires y también en la UTN local, que escribió junto a otros autores un libro de Análisis Matemático II y que enseñó en distintos establecimientos educativos fueguinos.

Pero además repasó su faceta empresaria. Habló de su experiencia en el transporte público de pasajeros, de la compra de barcos centolleros con la idea de impulsar una cadena de valor vinculada a la pesca y de su fábrica de puertas y ventanas, equipada con maquinaria de alta tecnología, desde la cual llegó a abastecer conjuntos habitacionales y a exportar a Chile e Italia.

Esa planta hoy está cerrada. No, aclaró, por una sola decisión política ni por responsabilizar a un gobierno en particular, sino por una combinación de factores estructurales: la falta de logística competitiva, la ausencia de puerto y un contexto macroeconómico que volvió inviable un proyecto pensado para exportar.

El relato no fue nostálgico. Fue, más bien, una forma de reforzar la autoridad con la que habla: Gallardo no se presenta sólo como un técnico, sino como alguien que invirtió, produjo, dio trabajo y chocó personalmente contra los límites de la economía fueguina.

 

“Únanse y salven a esta provincia”

 

En el cierre dejó su mensaje más político. Pidió a la dirigencia dejar de lado las chicanas, alinearse y buscar soluciones concretas para una provincia que, según advirtió, corre el riesgo de ingresar en una crisis aún más profunda.

Reclamó bajar el gasto político antes que aumentar impuestos, transparentar estructuras, revisar superposiciones del Estado y asumir que la discusión sobre el futuro fueguino no puede seguir atrapada entre ideologías, internas y mezquindades.

A su entender, Tierra del Fuego tiene recursos, sectores estratégicos y herramientas potenciales para dar un salto, pero necesita decisión política, competitividad, infraestructura y reglas de juego claras.

En esa línea, defendió la adhesión al RIGI, la necesidad de repensar el FAMP, la urgencia de sostener y reformular el Subrégimen Industrial y, sobre todo, la obligación de volver a poner en el centro una idea que atravesó toda su entrevista: sin inversión y sin empleo privado, no hay futuro sustentable para la provincia.