Tayron: Cuestionan dictamen forense y falencias médicas

En diálogo con Aire Libre FM, el abogado querellante Juan Ignacio Trepatt, representante de los padres de Tayron Lionel Villalba Villegas, el niño de tres años que falleció el 20 de agosto, cuestionó las conclusiones del dictamen final de la médica forense. Según sostuvo, el informe consideró adecuada la atención que recibió el pequeño el 19 de agosto en el Hospital Regional Río Grande a partir de una historia clínica que, de acuerdo con la querella, no registra los parámetros objetivos necesarios para evaluar su estado de salud.

El abogado adelantó que la familia solicitará una pericia de parte y buscará que se concrete cuanto antes la junta médica ordenada por la jueza de Instrucción, con el objetivo de analizar el informe y el resto de las actuaciones incorporadas a la causa.

Trepatt explicó que el dictamen determinó que la muerte de Tayron se produjo como consecuencia de una infección pulmonar, específicamente una neumonía. Sin embargo, señaló que uno de los aspectos centrales del informe es la evaluación de la atención médica brindada al niño durante su primera consulta en la guardia del hospital.

De acuerdo con el abogado, la médica forense consideró que la asistencia había sido adecuada dentro de los parámetros consignados en la documentación clínica. Para la querella, esa conclusión parte de información incompleta: “Nosotros más que antes afirmamos que lo que le pasó a Tayron fue producto de una atención deficiente”, sostuvo Trepatt, en referencia a la asistencia recibida en el sector de guardia del Hospital Regional Río Grande.

Uno de los principales cuestionamientos de la querella se concentra en los registros correspondientes al 19 de agosto. Según explicó el abogado, la historia clínica incluye expresiones como “afebril” y “normoperfundido”, pero no detalla los valores que permitirían respaldar esas observaciones.

En ese sentido, mencionó la ausencia de datos sobre la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura y el peso del niño: “Si alguien dice que usted tiene el ritmo cardíaco normal, debería notar cuál es el ritmo cardíaco”, ejemplificó.

Trepatt también remarcó que, según su interpretación, la propia médica forense aclaró que su evaluación se basa en lo asentado por el profesional que atendió al pequeño. Por ese motivo, consideró desacertado concluir que la asistencia fue adecuada sin contar con un registro clínico completo.

El abogado sostuvo que, si se hubieran documentado parámetros fuera de los valores normales, podrían haberse indicado otros estudios o una observación más prolongada. Además, recordó que Tayron permaneció en la sala de espera de la guardia durante un período que calificó como breve.

Según relató Trepatt, la madre llevó a Tayron al hospital porque presentaba vómitos, diarrea y fiebre. Este último síntoma constituye otro de los puntos controvertidos, ya que en la historia clínica el niño figura como afebril, aunque no se habría consignado la temperatura medida.

El abogado explicó que esa diferencia puede ser relevante para determinar el cuadro clínico y orientar el diagnóstico, especialmente al evaluar si se trataba de una gastroenteritis o de una infección.

Durante esa primera atención, Tayron recibió sales de rehidratación y un medicamento inyectable para los vómitos. La querella también cuestiona las pautas de alarma que, según Trepatt, se habrían indicado a la madre y cuya explicación no habría quedado clara.

El niño no volvió a vomitar hasta el día siguiente, cuando regresó al hospital con un cuadro de extrema gravedad que derivó en un shock séptico.

Otro de los puntos señalados por la querella es el tiempo transcurrido entre el reingreso de Tayron a la guardia y la administración del primer antibiótico.

Según explicó Trepatt, el dictamen forense señala que, ante un shock séptico, la primera hora constituye la denominada “hora de oro”, debido a la importancia de actuar rápidamente frente a ese cuadro.

De acuerdo con los registros mencionados por el abogado, el niño habría ingresado nuevamente alrededor de las 6, los resultados de laboratorio habrían estado disponibles cerca de las 9 y el primer antibiótico se habría administrado aproximadamente a las 10.

Trepatt calificó ese intervalo como inexplicable y señaló que, según una de las declaraciones testimoniales incorporadas a la causa, una enfermera habría advertido la posibilidad de un shock séptico apenas llegó el pequeño.

“Nosotros no somos especialistas en medicina”, aclaró, aunque sostuvo que, desde la perspectiva de la querella, esa secuencia evidencia posibles deficiencias en la atención.

El abogado también rechazó la hipótesis de que el cuadro pudiera haber evolucionado de manera tan aguda en pocas horas. Para la familia, resulta necesario determinar cómo se llegó a un desenlace fatal en menos de 12 horas cuando, según su planteo, el día anterior no se habrían identificado signos que anticiparan semejante gravedad.

En relación con los próximos pasos judiciales, Trepatt explicó que el dictamen cierra una primera etapa de la investigación y aporta elementos para consolidar las conclusiones de la autopsia. Sin embargo, la querella someterá el informe al análisis de un perito de parte, cuya designación será definida por la familia. También insistirá en que se conforme cuanto antes la junta médica que ya ordenó la jueza de Instrucción, María Rosa Santana, para evaluar el dictamen forense y las demás actuaciones del expediente.

A su vez, la familia aguarda los resultados de un estudio histopatológico enviado a Ushuaia, que podría aportar información sobre el grado de evolución de la neumonía al momento de la primera consulta médica, el 19 de agosto.

Ese resultado es considerado relevante para analizar si la infección ya presentaba signos que pudieran haber sido detectados durante la atención inicial.

Trepatt también manifestó el malestar de los padres porque, desde la muerte del niño, según indicó, ningún representante del Hospital Regional ni del Ministerio de Salud se comunicó con ellos. El abogado recordó que, cuando la familia llegó a su estudio, su principal objetivo era conocer qué había sucedido con su hijo y obtener explicaciones sobre las circunstancias de su fallecimiento.

También señaló que el cuerpo les fue entregado pocas horas después de la muerte, sin que recibieran, según su relato, una explicación que permitiera comprender lo ocurrido.

En cuanto al esquema de contratación de los médicos de guardia, confirmó que las dos profesionales imputadas son itinerantes y que existe un vínculo entre el hospital y una empresa que contrata a quienes cubren esos servicios. La querella, además, solicitó información al Ministerio de Salud sobre los contratos y los horarios de las médicas.

“Nosotros no juzgamos a nadie, los que sí juzgan son los jueces”, subrayó Trepatt.

El abogado aclaró que la presentación no busca responsabilizar al conjunto del personal sanitario ni a un sector particular del hospital, sino aportar todos los elementos necesarios para que la Justicia pueda arribar a una conclusión con información completa. Asimismo, expresó su apoyo a la salud pública.

Tayron Lionel Villalba Villegas ingresó el 19 de agosto por la tarde a la guardia del Hospital Regional Río Grande acompañado por su madre, con vómitos, diarrea y fiebre. Según la información difundida sobre el caso, fue atendido por una pediatra, recibió un diagnóstico de gastritis leve y regresó a su domicilio. Horas después, volvió al hospital con un cuadro de extrema gravedad y falleció el 20 de agosto.

Tras el fallecimiento, la familia se constituyó como querellante, representada por los abogados Juan Ignacio Trepatt y Mariela Casabene. La causa tramita en el Juzgado de Instrucción N.º 1, a cargo de la jueza María Rosa Santana, con intervención del fiscal mayor Martín Bramatti.

A pedido de la Fiscalía y de la querella, se autorizó la exhumación del cuerpo, fijada para el 2 de septiembre, con el propósito de realizar la autopsia. El resultado preliminar indicó que el niño murió a raíz de un shock séptico con falla multiorgánica, originado en una neumonía que no había sido detectada durante la atención inicial, según los resultados difundidos.

A partir de esos elementos, la querella solicitó ampliar la imputación a una segunda médica, señalada por haber completado y firmado la historia clínica. De esta manera, las dos profesionales imputadas son la doctora Belotini, por la atención brindada, y la doctora Florencia García, por la documentación médica.

La familia también realizó una marcha y una convocatoria frente al hospital para reclamar que se esclarezcan las circunstancias de la muerte.

Mientras avanza la investigación, la querella busca que el análisis de la historia clínica, las pericias médicas y los tiempos de atención permitan determinar si existieron fallas en la asistencia y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder. La causa continúa en trámite y las responsabilidades deberán ser determinadas por la Justicia.