Sin los dos tercios: fracasó la insistencia sobre la ley de goteo y tarifas congeladas

La disputa entre el Ejecutivo provincial y la Legislatura volvió a escalar luego de que la oposición no lograra reunir los votos necesarios para insistir con dos leyes que habían sido aprobadas semanas atrás y posteriormente vetadas por el Gobierno: el sistema de transferencia diaria de fondos a municipios, conocido como “ley de goteo”, y la norma que buscaba congelar tarifas y evitar cortes de servicios esenciales durante el invierno. Ambos proyectos habían sido impulsados con fuerte respaldo parlamentario, aunque finalmente no alcanzaron la mayoría agravada requerida por la Constitución Provincial para revertir los vetos del gobernador Gustavo Melella. De esta manera, las iniciativas quedaron sin efecto, en un escenario marcado por crecientes tensiones políticas entre el oficialismo, sectores opositores y los municipios. Uno de los proyectos caídos fue la denominada ley de goteo, sancionada originalmente durante la sesión legislativa del 30 de abril. La propuesta establecía un mecanismo automático de envío diario de fondos coparticipables hacia los municipios de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin, con el objetivo de garantizar previsibilidad financiera y evitar demoras en las transferencias. Sin embargo, el Ejecutivo resolvió vetar totalmente la norma mediante el decreto 866/26. Entre los argumentos oficiales se sostuvo que el sistema implicaba una intromisión en facultades propias del Poder Ejecutivo y comprometía la administración financiera provincial. Desde el Ministerio de Economía señalaron además que el esquema planteado presentaba dificultades operativas y económicas para su implementación. Para insistir con la sanción original tras el veto, la Legislatura necesitaba reunir dos tercios de los votos, es decir, 10 legisladores afirmativos, tal como establece el artículo 109 de la Constitución Provincial. Ese número finalmente no fue alcanzado, por lo que el proyecto perdió vigencia. Una situación similar ocurrió con la ley que proponía suspender los cortes de servicios esenciales durante el invierno y retrotraer tarifas. La iniciativa contemplaba impedir la interrupción de los servicios de electricidad, agua potable y gas natural a usuarios residenciales con deudas entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, además de establecer que las tarifas regresaran a los valores vigentes al 1 de diciembre de 2025. La norma también fue vetada en su totalidad por el Ejecutivo, a través del decreto 881/26. Desde el Gobierno argumentaron que su aplicación podía afectar el equilibrio económico del sistema energético provincial, generar un fuerte desfinanciamiento de los servicios públicos y avanzar sobre competencias exclusivas del Poder Ejecutivo. En ese marco, la ministra de Energía, Gabriela Castillo, sostuvo públicamente que la Provincia no contaba con recursos suficientes para afrontar un congelamiento tarifario y remarcó que buena parte de la estructura de costos energéticos depende de decisiones adoptadas a nivel nacional. La imposibilidad de revertir ambos vetos dejó en evidencia las dificultades de la oposición para consolidar mayorías agravadas dentro de la Legislatura, pese al acompañamiento inicial que habían tenido algunos proyectos de fuerte impacto institucional y económico. La situación suma un nuevo capítulo al conflicto político entre el Gobierno provincial y sectores legislativos, en un contexto de creciente tensión por el manejo de recursos, los servicios públicos y otras iniciativas que atraviesan el debate institucional fueguino.