Sin definición para el financiamiento educativo
La Legislatura postergó hasta el 17 de noviembre la votación del proyecto, ante un escenario que anticipaba dificultades para su aprobación. También ratificó el convenio de compensación de deudas con Nación y un aporte de casi $20.000 millones para ampliar la planta potabilizadora del Río Pipo.
l proyecto de financiamiento integral del sistema educativo quedó nuevamente en suspenso. Tras una prolongada sesión, atravesada por un extenso cuarto intermedio que demoró su continuidad hasta cerca de las 20:00, los legisladores acordaron por mayoría postergar la definición hasta el martes 17 de noviembre, a las 11:00.
La decisión permitió evitar una votación que, en principio, se presentaba adversa para los sectores del oficialismo y el bloque del PJ que impulsaban la aprobación del dictamen de las comisiones de Educación y Economía. La continuidad del debate les dará otras dos semanas para intentar reunir los votos necesarios.
Las intervenciones de los referentes de FORJA y el PJ en defensa de la iniciativa encontraron una oposición que puso el foco en las debilidades técnicas del texto y en la necesidad de revisar la administración de los recursos educativos.
Uno de los cuestionamientos centrales fue planteado por el legislador Matías Lapadula, quien sostuvo que, antes de establecer nuevas fuentes de financiamiento, corresponde analizar cómo y a qué se destina el presupuesto de la cartera educativa.
Según afirmó, los recursos asignados al área rondan el 8,5% del Producto Bruto Geográfico de 2025. Contrastó ese porcentaje con la meta del proyecto oficialista, que propone alcanzar una inversión equivalente al 7,5% del PBG en cinco años. La comparación dejó planteada una discusión sobre la base de cálculo y el alcance de los objetivos de la iniciativa.
La sesión también dejó definiciones sobre otros dos convenios relevantes para las cuentas provinciales y la infraestructura de Ushuaia.
Con el único rechazo de los dos integrantes del bloque del Movimiento Popular Fueguino, la Legislatura ratificó el acuerdo de extinción de obligaciones recíprocas firmado el 20 de octubre entre el Gobernador y el ministro de Economía de la Nación.
El convenio estableció un saldo de $78.527.873.134,50 a cargo de Tierra del Fuego, que deberá cancelarse, más intereses, en ocho cuotas mensuales y consecutivas desde fines de mayo de 2027.
La Provincia reconoció obligaciones por $84.732.191.780,82: $80.000 millones correspondientes al adelanto de coparticipación acordado a fines de abril y otros $4.732.191.780,82 por intereses calculados al 2 de octubre.
Por su parte, Nación reconoció una deuda con Tierra del Fuego de $6.204.318.646,32. De ese monto, unos $1.234 millones corresponden a ajustes del Consenso Fiscal de 2023, 2024, 2025 y el primer semestre de 2026, mientras que alrededor de $4.970 millones provienen de obligaciones vinculadas con obras de vivienda. La compensación de ambos compromisos determinó el saldo que deberá afrontar la Provincia.
Por unanimidad, los legisladores también aprobaron el convenio por el cual el Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva otorgará un aporte no reintegrable de casi $20.000 millones para financiar la primera etapa de ampliación de la planta potabilizadora 4.
La instalación está ubicada en la urbanización del Río Pipo y la obra apunta a mejorar la capacidad de abastecimiento y almacenamiento de agua potable de Ushuaia.